El titular del Ejecutivo aseguró que el fallo de la Justicia norteamericana “es contrario a derecho, porque el condenado es el Estado argentino, que posee el 51 % de las acciones Clase D, mientras que las provincias petroleras conservamos el 49 % restante, y la sentencia embarga la totalidad del paquete accionario, por eso vamos a ir a defender el patrimonio de la provincia”. También anticipó que este jueves la Legislatura tratará el convenio por el cual, en 2012, se distribuyó el paquete accionario entre el Estado Nacional y las provincias, aunque en el caso de Chubut nunca fue ratificado en la Casa de las Leyes.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este miércoles por la tarde de una reunión en las instalaciones de la sede central de YPF, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la presentación que la Provincia realizará ante la Corte de Nueva York, con el objetivo de levantar el embargo sobre las acciones de la empresa estatal.
Por otra parte, el mandatario dialogó con autoridades de la petrolera estatal sobre distintos proyectos vinculados al programa YPF Nuclear, una iniciativa de la empresa para incursionar en el ámbito de la energía nuclear con foco en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMRs), cuyo objetivo principal es convertir a la Argentina en un país exportador de energía, aprovechando sus recursos y su tecnología.
Participaron del encuentro el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; el presidente de YPF, Horacio Marín; y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel.
“Tomamos la decisión política de presentarnos en la Corte de Nueva York para plantear que el embargo sobre el paquete accionario de YPF es contrario a derecho y debe ser levantado respecto del porcentaje de acciones que le pertenecen a nuestra provincia”, advirtió Torres.
En ese sentido, anticipó que este jueves “la Legislatura tratará un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para aprobar el convenio firmado en 2012, por el cual se distribuían las acciones entre el Estado argentino y las provincias petroleras, y que llamativamente hace más de diez años no fue aprobado en Chubut. Esto abre la puerta a que las acciones que nos pertenecen puedan ser embargadas, algo que no vamos a permitir bajo ningún concepto”.
“De este modo vamos a poder consolidar el derecho de Chubut sobre las acciones, que son patrimonio de la provincia y que, según estimaciones, representan entre 300 y 400 millones de dólares, pudiendo valer aún más en el futuro a partir de la valorización de la compañía”, señaló el mandatario.
En el proyecto de ley que tratarán los legisladores chubutenses, “se incorpora una reserva por la cual se establece que Chubut reclamará una mayor participación ante el Estado Nacional, superior al 8,4 % acordado en 2012, que no solo resultó insuficiente, sino también injusto”, explicó.
Torres recordó que “cuando se aprobó la Ley de Expropiación de YPF, la totalidad de las acciones Clase D fueron expropiadas, representando el 51 % del paquete accionario total de la empresa. Esa misma ley dispuso que el 49 % restante fuera destinado a las provincias petroleras nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), a distribuirse según criterios de producción y reservas”.
“El 9 de agosto de 2012, el Estado Nacional y las provincias petroleras firmaron un acuerdo que estableció esa distribución del 51 % y el 49 % de las acciones Clase D, respectivamente”, indicó, y precisó: “De ese acuerdo surgió que, por ejemplo, provincias como Neuquén recibieran el 40 % del paquete accionario, mientras que Chubut, apenas el 8,4 %”.
Esa asignación, remarcó, “fue claramente lesiva para nuestra provincia, que en aquel momento era la principal productora de petróleo. No se explica, por ejemplo, que Mendoza, que producía menos, haya recibido el 20 % del total de acciones”.
“Cuando se dictó el fallo en la Corte de Nueva York, en el que el Estado argentino fue condenado en primera instancia a pagar 16.000 millones de dólares, la jueza Loretta Preska ordenó embargar la totalidad de las acciones Clase D de YPF. Más allá de que la sentencia fue apelada y se espera la resolución de la Cámara, lo cierto es que esto resulta claramente contrario a derecho: el condenado es el Estado nacional, que solo posee el 51 % de esas acciones. El restante 49 % es de las provincias y no puede ser embargado”, concluyó Torres.
