La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF, y dio vía libre a tramitar las apelaciones de Gobierno contra el fallo a favor de los fondos buitre que ganaron el jucio por la expropiación de la petrolera. La Corte de segunda instancia tampoco solicitó al país que presente una "garantía" real y concreta por los u$s16.099 millones que se les debe pagar.
Tal como informó Bloomberg, el tribunal de apelaciones con sede en Nueva York dictaminó que Argentina no necesita entregar su participación en YPF a los acreedores, mientras duren los támites de apelación.
Por lo tanto, las acciones del Estado nacional en la petrolera de bandera podrán permanecer en la Caja de Valores, mientras esta misma Corte resuelve la apelación de fondo.
Los jueces camaristas concedieron este viernes la solicitud de Argentina de suspender la orden emitida el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, durante el proceso de apelación, que probablemente llevará meses.
Fuentes que siguen minuto a minuto el caso aclararon que la decisión del Tribunal es "meramente administrativa" y puede volver a ser apelable, y que a partir de ahora corren las dos apelaciones formales que presentaron los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro para defender al país.
Una apelación es contra la sentencia a favor de los ganadores y otra por la exigencia de entrega de acciones de YPF. "Esta segunda apelación podría demorarse hasta dos años en resolverse", sostuvieron los expertos en legales, con acceso al expediente en Nueva York.
Desde la Procuración subrayaron que esta decisión "garantiza" que Argentina "conserve la participación mayoritaria del Estado nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos".
Además, recalcaron que la decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. "No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 -tres meses antes del inicio de la actual gestión- que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses".
En el Gobierno aseguran que ese fallo es "consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación".
"Durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina ejerce plenamente su derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar sus derechos y los intereses de sus ciudadanos", completaron.
