El viernes pasado debió realizarse la reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero esta fue suspendida. Ahora, Santa Cruz dio un último plazo a la empresa YPF para que “resuelva la crisis laboral de los cientos de trabajadores de San Antonio que han recibido telegramas de despido”. En las últimas semanas hubo reuniones, pero a pesar de lo anunciado por el gremio, el conflicto aún no llegó a su fin.
Desde el Gobierno de la provincia de Santa Cruz dieron cuenta que el viernes de la semana pasada debía realizarse otra reunión dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto entre trabajadores petroleros y la empresa San Antonio, pero esta fue suspendida.
Ante ello, Provincia informó que dio un “último plazo a YPF para dar una solución a los más de 300 trabajadores que recibieron sus telegramas de despido”.
Asimismo, señalaron que el viernes acudieron al encuentro el vicegobernador Pablo González; los representantes de los trabajadores petroleros Claudio Vidal y José lludgar, y el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Jaime Alvarez. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación indicaron que el encuentro había sido suspendido.
En la reunión anterior, cada parte expuso la situación y habían pasado a un cuarto intermedio, a la espera de poder llegar a un acuerdo para salvaguardar los puestos de trabajo.
Despidos
Hay que recordar que la medida de fuerza avalada por el sindicato de los petroleros convencionales comenzó a gestarse luego de que San Antonio Internacional (contratista de YPF) formalizara el despido de cuarenta operarios de equipos de torre y mantenimiento que residen en Las Heras, pero luego el conflicto se profundizó y se emitieron cientos de telegramas de despido a trabajadores.
Ante esta situación, el secretario general, Claudio Vidal, viajó a Buenos Aires y junto al vicegobernador Pablo González y el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Jaime Alvarez, iniciaron una serie de reuniones con autoridades de YPF en la búsqueda de evitar los despidos.
La postura de los representantes de los trabajadores petroleros, según fue anunciada oportunamente, fue “oponerse a la flexibilización de los derechos de los trabajadores, los despidos y la reducción salarial. Exigiendo a las operadoras, principalmente a YPF, que reactive el programa de perforaciones”.
Pues sucede que en la cuenca neuquina, el gremio comandado por Guillermo Pereyra (al igual que los petroleros de Chubut) había firmado una adenda con las empresas por la cual impusieron nuevas condiciones salariales y laborales a los trabajadores de ambas provincias.
“La Provincia se enmarca en las facultades que otorga la Emergencia Provincial Hidrocarburífera, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año”, explicaron desde el Gobierno santacruceño y dieron cuenta que “a través del Consejo Provincial Hidrocarburífero, el Estado puede revisar y controlar los compromisos de inversión a los que están obligadas las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en Santa Cruz”; “además puede exigir a las empresas permisionarias y concesionarias la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan sostener el empleo”. Por último, “también pueden promover acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”, cerró el escrito.