(Depetroleo-Gonzalo Diaz). La jueza Sharon Gleason en una decisión el viernes pasado desestimó la orden ejecutiva de Trump, que permitía las exploraciones de petróleo y gas en los océanos Ártico y el Atlántico.
Los presidentes tienen el poder en virtud de una ley federal para eliminar ciertas tierras del desarrollo, pero no pueden revocar esos retiros, explicó Gleason.
La magistrada consideró ilegal el intento de Trump para permitir la perforación de unas 50,6 millones de hectáreas, entre las que se incluyen dos gélidos mares del océano Ártico: el mar de Beaufort y el de Chukotka. La decisión de la magistrada deja intacta una política que había adoptado en 2015 el entonces presidente, Barack Obama, para proteger esas zonas de gran valor ecológico.
"La redacción de los retiros de 2015 y 2016 del presidente Obama indica que pretendía que se extendieran por tiempo indefinido y, por lo tanto, ser revocable solo por una ley del Congreso", dijo Gleason, quien fue nominada a la banca por Obama.
El American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo), un acusado en el caso, no estuvo de acuerdo con el fallo, y dijo en un comunicado: "Además de llevar suministros de energía asequible a los consumidores durante las próximas décadas, el desarrollo de nuestros abundantes recursos en el mar puede proporcionar miles de millones en ingresos del gobierno, crear miles de empleos y también fortalecerá nuestra seguridad nacional".
Eric Grafe, un abogado de Earthjustice, dio la bienvenida al fallo y dijo que "muestra que el presidente no puede simplemente pisotear la Constitución para cumplir las órdenes de sus amigos en la industria de los combustibles fósiles a expensas de nuestros océanos, la vida silvestre y el clima".
Earthjustice representó a numerosos grupos ambientales que demandaron a la administración de Trump por la orden ejecutiva de abril de 2017 que revierte las prohibiciones de perforación. En cuestión en el caso estaba la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior.
El asistente del fiscal general de Estados Unidos, Jeffrey Wood, dijo durante una audiencia ante Gleason en noviembre que los grupos ecologistas estaban malinterpretando la intención de la ley escrita en 1953. Dijo que está destinado a ser flexible y sensato y no tiene la intención de vincular a un presidente con las decisiones tomadas por otra, cuando se determina la administración en el extranjero según las necesidades y realidades cambian con el tiempo.
