Para el Gobierno de Santa Cruz existe una colisión de normas entre lo que plantea el ministro de Energía Juan José Aranguren con la ley de Energía y la soberanía constitucional del recurso que tiene la provincia. El interés primordial es que las obras se concreten y se espera que esta discusión no frene las obras.
Luego de que revelara el ministro de Energía Juan José Aranguren la intención de discutir con la provincia la potestad sobre la energía que generen las represas hidroeléctricas, al señalar que “En cuanto a Santa Cruz, también hay que readecuar los contratos. La Ley 15.336 (régimen jurídico de la energía eléctrica) dice que cuando se trata de un recurso interno es una concesión del Estado Federal. No sería provincial. La provincia y la Nación tenemos que asegurarnos lo que estamos haciendo. Este proyecto es fundamental, pero hay que hacerlo en regla y sin impedimento ambiental”.
Esto no cayó por sorpresa a las autoridades provinciales, toda vez que el tema fue hablado hace dos semanas cuando el vicegobernador Pablo González se reunió por este y otros temas con el funcionario nacional.
“Existe una colisión de normas” indicó González al diario La Opinión Austral. “Esto lo hablamos con el ministro y vamos a analizar esto jurídicamente, etapa que comienza ahora desde lo legal”.
Sostuvo que Aranguren le manifestó a la provincia “que si jurídicamente se llegaba a la conclusión que lo que correspondía es que ejecutada la obra y luego del repago las represas pasen a manos de la provincia, como está estipulado, lo respetaría”.
Aunque indicó que “la posición de él (Aranguren) es que una vez que se genera la energía y volcada al mercado mayorista es jurisdicción nacional y nosotros lo que estamos diciendo es que el artículo 124 de la Constitución Nacional dice que el recurso es provincial, (el río Santa Cruz nace y desemboca en territorio provincial) y en esa discusión estamos”.
Respecto si toda esta discusión podría frenar la reactivación de las obras, González se mostró expectante que así no sea. “Lo que hace es cambiar la situación posterior a la ejecución de la obra y el pago de la misma, es decir discutimos quién se queda con la obra luego de que ésta se repague dentro de 15 años. Es la misma discusión que se tiene con Atucha. Ellos ahora dicen que es jurisdicción nacional en un repentino ataque de federalismo del ex CEO de la Shell, pero lo que ahora hemos convenido es comenzar una discusión que es legal y contemporánea con los 60 días de revisión que ellos acordaron con la UTE”.
Pero además, el vicegobernador aclaró que hasta el día de la fecha Santa Cruz no ha recibido “el borrador de esta posición que han difundido por los medios de achicamiento de la generación de energía y la nueva línea de mil”.
