Rubén Crespo no estuvo ni diez días preso desde que se ordenó, el 5 de diciembre, que comience a cumplir la condena de 3 años de prisión efectiva que él mismo aceptó con la firma de un juicio abreviado por tenencia de arma. Con el consentimiento de la Fiscalía, un informe del Cuerpo Médico Forense y otro de la Comisaría de Rada Tilly, el juez de Ejecución hizo lugar al arresto domiciliario hasta el 27 de diciembre, fecha en la que deberá sacarse el yeso que le pusieron en la pierna izquierda.
Rubén Crespo, el sindicalista de la UOCRA, no estuvo ni diez días preso. El 5 de diciembre se ordenó que comience a cumplir la pena de 3 años que él mismo firmó y el jueves consiguió la domiciliaria.
A pedido de la defensa que asiste a Rubén Crespo –secretario adjunto de la delegación Comodoro Rivadavia de la Unión Obrera de la Construcción-, se llevó a cabo el jueves una audiencia para revisar la medida de coerción que comenzó a cumplir el 5 de diciembre por orden del juez de Ejecución Penal, Alejandro Soñis. Ese mismo día se realizó una audiencia -a la que el condenado no asistió- para pedir que se autorice el cumplimiento de la pena en su domicilio, aduciéndose que había tenido un accidente doméstico que le produjo “un principio de fractura en el tobillo” y una esguince en el hombro, ambos del lado izquierdo.
En esa ocasión el fiscal general, Martín Cárcamo, se opuso a la modalidad de cumplimiento de la pena y cuestionó que el condenado no hubiera asistido a la audiencia, por lo que le solicitó al magistrado que ordenara la detención para que comience a cumplir la pena de 3 años que él mismo aceptó al firmar el juicio abreviado por los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y portación de arma de fuego de guerra.
El juez, tras escuchar a las partes resolvió hacer lugar al pedido del acusador público y ordenó la detención de Crespo, quien finalmente se presentó de manera espontánea en la Comisaría de Rada Tilly y allí quedó alojado hasta el jueves, cuando obtuvo el beneficio y volvió a su casa.
A todo esto hay que saber que el 7 de diciembre el abogado Marcelo Quinteros –quien lo representa en la actualidad- presentó un habeas corpus ante el juez de turno, tarea que recayó en Raquel Tassello. La magistrada le dio curso al trámite y ordenó la realización de una serie de medidas entre las que se incluyeron informes, estudios y la revisación por parte el Cuerpo Médico Forense. Por entonces, se le pedía a la jueza que autorice el arresto domiciliario al menos por los 20 días que debía estar enyesado.
La misma defensa dejó caer el habeas corpus y no continuó con el trámite, aunque con los mismos argumentos el jueves pidió la revisión de la medida de coerción ante el juez de Ejecución Penal. Ese día los policías de Rada Tilly trasladaron a Crespo hasta la Oficina Judicial y lo colocaron en una silla de ruedas en el hall de entrada. En la puerta dejó las muletas porque su brazo izquierdo, ese día, lo tenía inmovilizado con un cabestrillo.
DOMICILIARIA HASTA EL 27
En la audiencia que presidió el juez Soñis, el abogado del condenado reiteró el pedido de arresto domiciliario y destacó el resultado de los informes que avalaron su petición, como el del Cuerpo Médico Forense, el de la Comisaría de Rada Tilly y los de la clínica privada donde recibió asistencia Crespo.
A todo esto, el fiscal no se opuso esta vez y se apoyó en los informes para acompañar el pedido de la defensa por lo que el juez hizo lugar a la morigeración solicitada, aunque por los 20 días que fueron solicitados oportunamente en el habeas corpus interpuesto el 7 de diciembre. En razón de ello, el día anterior al de los Santos Inocentes, Crespo tendrá que sacarse el yeso y ser examinado una vez más por los profesionales médicos para informar si ya estará en condiciones de volver a prisión.
Hay que tener en cuenta que Crespo fue condenado el 29 de septiembre en el marco del acuerdo de juicio abreviado que fue puesto a consideración de la jueza penal, Gladys Olavarría y mediante el cual se fijó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, algo que aceptó el propio imputado que había sido acusado por tenencia de arma de uso civil y portación de arma de guerra.(El Patagónico)
