El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) junto a colectivos sociales, ambientales y empresariales, nuevamente se presenta ante la Justicia. En esta ocasión para solicitar una medida cautelar para frenar el avance del proyecto “Vaca Muerta Oil Sur”, en Río Negro. El objetivo es garantizar la participación ciudadana de Chubut, a través de una audiencia pública, considerando los impactos negativos que el proyecto podría generar en Península Valdés y su biodiversidad.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur, promovido por YPF, contempla la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca Muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías, en Río Negro.
El Instituto de Conservación de Ballenas, se sumó a un colectivo integrado por cámaras empresariales, organizaciones territoriales y ambientales para solicitar ante el Juzgado Federal de Viedma (provincia de Rio Negro) una medida cautelar que garantice la participación social de las ciudadanas y ciudadanos de Chubut, a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.
Península Valdés es un Área Natural Protegida y todo lo que suceda en el Golfo San Matías podría tener consecuencias irreversibles en la biodiversidad regional. No existen medidas de mitigación y compensatorias para este gran reservorio de vida y que brinda importantes servicios ecosistémicos para las comunidades locales
En agosto de 2023 se llevó a cabo en Sierra Grande, Río Negro, una audiencia pública para analizar los impactos ambientales del proyecto. Sin embargo, esta instancia excluyó injustamente a la ciudadanía de Chubut y de otras provincias directamente afectadas, limitando la participación a personas domiciliadas en Río Negro. Este procedimiento violó el derecho de las comunidades chubutenses a expresar su opinión sobre un proyecto que amenaza no solo la biodiversidad de Península Valdés, sino también las actividades económicas vinculadas al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región.
Fabricio Di Giacomo, de la Multisectorial Golfo San Matías expresó que “restringir la participación a una pequeña porción de la población donde este proyecto tiene incumbencia, es una afrenta a los principios democráticos que nos rigen como Nación. El Golfo San Matías, la Península Valdés y el mar Argentino son patrimonio de la humanidad y las decisiones que afecten este patrimonio no pueden tomarse a puertas cerradas”
La biodiversidad no entiende de límites provinciales
El Estudio de Impacto Ambiental presentado en el marco de la mencionada audiencia pública se enfocó en los impactos puntuales sobre el área de posible afectación portuaria, desconociendo la conectividad oceanográfica y biológica existente entre el Golfo San Matías (Rio Negro), el Golfo San José y el Golfo Nuevo (Chubut), siento estos dos últimos componentes claves del Área Natural Protegida Península Valdés.
Península Valdés (Chubut) tiene una alta conectividad oceanográfica y biológica con el Golfo San Matías (Rio Negro)
La conectividad se explica, en parte, por las características oceanográficas y las corrientes marinas pero también se evidencia claramente al analizar el uso que hacen de este gran ecosistema, especies claves como ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras. De hecho, se considera que estos tres golfos conforman una biorregión, llamada Golfos Norpatagónicos.
Rroxana Schteinbarg, del Instituto de Conservación de Ballenas sostiene que “la biodiversidad no entiende de fronteras, y quienes trabajan por su conservación, al igual que los colectivos sociales y comunidades potencialmente afectadas, tienen derecho a participar, expresarse y ser escuchados”
Impactos ambientales y económicos
Entre las principales preocupaciones asociadas al proyecto “Vaca Muerta Oil Sur” se destacan:
Riesgo de derrames: La actividad portuaria conlleva derrames recurrentes de hidrocarburos en monoboyas y buques, afectando la calidad de las aguas y los ecosistemas.
Cambio en el uso marítimo: El incremento del tráfico de embarcaciones de gran porte podría alterar la dinámica del Golfo San Matías y generar consecuencias indirectas sobre Península Valdés.
Amenazas a la biodiversidad: Se teme un aumento de la contaminación acústica, un mayor riesgo de colisiones con especies marinas y posibles daños irreversibles en hábitats clave.
Impacto en el turismo: El turismo basado en las bellezas naturales y áreas protegidas de Chubut, como los avistamientos de ballenas y la biodiversidad marina, podría sufrir una merma significativa debido a los cambios ambientales provocados por el proyecto.
La importancia de la participación ciudadana
La medida cautelar presentada busca garantizar que la ciudadanía de Chubut pueda ser parte de una nueva audiencia pública, inclusiva y transparente. Es fundamental que las y los habitantes de Chubut, directamente afectados por los impactos ambientales y económicos de este megaproyecto, tengan la posibilidad de ser escuchados
Una solicitud “justa” y legítima
El colectivo demandante solicitan a la Justicia que ordene a las autoridades de Río Negro a abstenerse de emitir declaración de impacto ambiental del proyecto Vaca Muerta Oil Sur por la totalidad de la obra y detener el inicio de la construccion del segundo tramo de oleoducto (Estación Allen-Terminal de carga Punta Colorada) y de la terminal portuaria en Punta Colorada, hasta tanto se garantice una instancia de participación social a partir de la celebración de una nueva audiencia pública en la que las ciudadanas y los ciudadanos de Chubut puedan expresarse respecto de los impactos ambientales del mencionado proyecto.
La medida busca resguardar no solo los derechos de participación ciudadana, sino también la integridad de un ecosistema que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.
De no adoptarse medidas inmediatas, el avance del proyecto podría concretarse en un marco de ilegalidad, generando impactos irreversibles en la biodiversidad de Península Valdés y afectando gravemente las actividades económicas vinculadas al turismo en la región. Este caso refuerza la importancia de proteger los derechos ambientales y de participación ciudadana frente a proyectos de gran escala.
Entre los demandantes, se incluyen: la Cámara de Turismo y Servicios dept Península de Valdés; la Asociación Argentina de Guías Balleneros; Península Valdés Orca Research; la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas; la Fundación Greenpeace Argentina; la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn; la Fundación Patagonia Natural; la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Península de Valdés; la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut; la Asamblea No A La Mina de Esquel; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB); la Fundación Inalafquen y Surfrider Argentina.(Fuente: El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB)).
