Una muestra más de que la burocracia del aparato administrativo del actual Gobierno nacional no contempla razones humanitarias para con trabajadores patagónicos quedó evidenciada ayer y afecta en este caso a obreros de la construcción de Caleta Olivia.
Es que a pesar de la una resolución judicial que se emitió la semana pasada para que a la brevedad se paguen las quincenas que les adeuda la empresa CPC, los fondos aún no habían sido girados a la sucursal local del Banco de la Nación Argentina.
Omar Saracho, uno de los voceros de alrededor de 300 operarios que ayer volvieron a manifestarse por la zona céntrica, sintetizó en una sola palabra la grave situación que afrontan tanto ellos como sus familias: “desesperante”.
Lo dijo luego de que en conjunto o en grupos menores realizaran a media mañana una virtual peregrinación que se inició en la sede del gremio de la UOCRA y que pasó por el edificio de la entidad bancaria y luego por el Juzgado Federal, la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación y otra presencia en el banco, para finalmente retornar al gremio con las manos vacías y un cúmulo de broncas e incertidumbres.
No entendían por qué no podían cobrar por lo menos tres quincenas vencidas y el medio aguinaldo, siendo que la jueza federal Marta Yáñez ya había intercedido para que se destrabaran las cuentas de CPC y se pagara a quienes estaban afectados a las obras del Tramo 2 de la Autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, Avenida de Circunvalación, Planta de Osmosis Inversa y tendido de la Red Eléctrica de 132 Kv que proviene de Pico Truncado.
APARECE UN NUEVO ACTOR
El Patagónico pudo desentrañar la maraña de acciones legales y administrativas que explican lo sucedido en medio de un conflicto laboral que llevó a reiterados cortes de la Ruta 3 en la zona norte de Santa Cruz desde mediados de diciembre, al margen de las protestas de similar tenor que protagonizaron otros obreros de CPC en Comodoro Rivadavia.
El martes 9 de enero, los obreros que residen en Caleta Olivia levantaron el último piquete porque la jueza Yáñez dispuso que destrabaran cuentas embargadas a la empresa, lo cual motivaría que se transfirieran los pagos.
Sucesivamente se establecieron contactos con el área de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Vialidad Nacional, desde donde se comunicó que se respondería inmediatamente a la demanda del juzgado, el cual requería que los fondos fueran girados a su orden y a una cuenta de la sucursal local del Banco Nación, cuyo gerente también había sido notificado por la magistrada mediante oficio.
Sin embargo, parafraseando un dicho popular que hizo famoso el desaparecido cantautor de temas folclóricos Argentino Luna, “el poncho siguió sin aparecer”.
Lo cierto es que este medio pudo saber ayer que para transferir los fondos (en una suma no precisada) Vialidad Nacional tiene que contar con una autorización del ministerio del cual depende, el de Transporte, el cual su vez debe destrabarlos de un fondo fiduciario que depende de la misma cartera y es en ese ámbito donde volvió a cobrar vigencia la burocracia estatal.
En esferas del juzgado federal trascendió que la magistrada estaba más que indignada por esa situación que ella se había comprometido a resolver, aunque se creía que era muy probable que hoy se produzcan novedades favorables para los obreros.
EL PATAGONICO
