Esta semana, la delegación de Chubut, que encabeza el ministro coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, mantendrá distintas reuniones en Estados Unidos y Europa con importantes fondos financieros, a los que se les planteará la posibilidad de participar en el programa de endeudamiento, de hasta 650 millones de dólares, con el que el Gobierno provincial proyecta pagar deuda y desarrollar importante obra pública, tanto la heredada y paralizada como la nueva definida por la actual gestión.
La delegación chubutense partió el viernes desde el aeropuerto El Tehuelche de Puerto Madryn. En ese marco, el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, reconoció a El Diario las sobradas expectativas con que el grupo de funcionarios se dirigía a entablar negociaciones en el exterior. “Chubut está muy bien vista, ya que es una provincia ordenada y con respaldo”, afirmó. El grupo que partió con la misión de conseguir financiamiento esta integrado además por el titular de Economía, Pablo Oca, el vicepresidente primero del Banco Chubut, Pablo Das Neves, y el subsecretario de Finanzas, Marcos Ben Simón.
Tres destinos, un objetivo
Los ministros y funcionarios chubutenses realizarán presentaciones ante los grupos financieros en Londres, Nueva York y Los Angeles, en exigentes reuniones a las que, se asegura, asistirán los principales fondos de inversión europeos y norteamericanos que están siendo convocados por los bancos BNP Paribas y el Bank of América, las entidades financieras designadas y responsables de la colocación de bonos.
El endeudamiento fue aprobado por la Legislatura el 22 de enero, dentro de la discutida Ley de Emergencia, y tiene un límite máximo de hasta 650 millones de dólares, cifra como claramente establece la normativa es el tope y no indica que, necesariamente, sea la cantidad de fondos que se busque obtener en estos primeros contactos con los grupos de inversión.
Repartos y expectativas
El 50 por ciento de los fondos que se obtengan se destinará al pago de deudas, el 35% a la realización de obras, un 14% a las municipalidades, y el 1% restante para las comunas rurales.
Estos porcentajes fueron los que quedaron, tras la modificación realizada por la mayoría de la Legislatura a proyecto original enviado por el Ejecutivo y el veto que este luego aplicó al cambio introducido por los diputados, no sobre el porcentaje pero sí sobre la utilización que de esos fondos podrán hacer los municipios.
