El senador chubutense Juan Mario Pais actuó como miembro informante en el Senado del proyecto que declara la Emergencia Ocupacional en la República Argentina, prohibiendo los despidos por 180 días e incorporando la doble indemnización en casos de incumplimientos, tanto en el sector público nacional como en la actividad privada. “La iniciativa da respuesta a los planteos realizados por las principales organizaciones sindicales del país en el Congreso Nacional”, remarcó Pais.
En este marco, el legislador chubutense consideró necesario “revertir parcialmente esta situación que viven los trabajadores y trabajadoras, disuadiendo que los empleadores utilicen la herramienta del despido para de este modo garantizar la paz social por un lapso de seis meses, y darnos los argentinos la posibilidad de recuperar nuestra economía pero sobre todo darles la tranquilidad a todos los trabajadores que hoy en día viven con temor a perder sus puestos laborales”.
Al mismo tiempo, Pais recordó que “en el proceso de despidos del sector público se cometieron atrocidades, se llegó a dejar sin trabajo a personas con discapacidad, a individuos que realizaban su labor de manera correcta durante muchos años, motivo por el cual este Congreso debe actuar para asegurar este derecho humano bisagra como es el derecho al trabajo, de lo contrario estaríamos incumpliendo nuestro deber como legisladores”.
Voto dasnevista
Por su parte, el senador por Chubut Somos Todos, Alfredo Luenzo, propuso introducirle cuatro modificaciones al proyecto de ley de emergencia ocupacional, entre las que se destaca que se excluyan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), de hasta 40 trabajadores, del pago de la doble indemnización a quienes resulten despedidos.
Luenzo, quien habló inmediatamente después que su par fueguina Miriam Boyadjian, adelantó su voto “a favor en general” de la norma, que se trató en la sesión especial celebrada ayer.
El legislador expuso su posición referida a que a las PyMEs de hasta 40 empleados se las debería excluir de las eventuales doble indemnizaciones.
Además pidió facilitar la incorporación laboral de los jóvenes de 18 a 25 años, como así también favorecer la inserción de empleados mayores de 45 años.
Con cambios
Puntualmente, Luenzo reclamó incorporar al proyecto “la reducción de los aportes previsionales en un 50 por ciento por cada nuevo trabajador” y propuso que “quien incremente personal podrá descontar un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador nuevo”.
“Este beneficio se incrementará en un 50 por ciento si se trata de un trabajador de 18 a 25 años o mayor de 45”, añadió Luenzo para luego sostener que las empresas que sumen nuevo personal “podrán aplicar saldos de libre disponibilidad con la AFIP contra obligaciones previsionales”,
Asimismo consideró que esas empresas deberían tener “prioridad en la adjudicación de líneas de crédito de inversión productiva y ante la contratación de servicios por parte del Estado”.
En su alocución, Luenzo resaltó la problemática laboral reinante en su ciudad, Comodoro Rivadavia, poniendo especial énfasis en lo que sucede en el sector petrolero y enfatizó que “se debe cuidar el trabajo de todos los trabajadores y auspiciar la incorporación de nuevos empleados”.
