(depetroleo) Los trabajadores aceptaron el porcentaje y dieron un plazo de 10 días. YPF pondría la suma de 300 millones de pesos pero se pagarían a través de SP. La jueza María Virginia Villarruel debe autorizar la transferencia. Para las empresas del sector urge la decisión judicial para evitar mayores perjuicios en caso de que se adopten medidas de corte nuevamente.
Luego de cinco días de protesta los trabajadores de SP decidieron dejar las medidas que habían adoptado en el marco del reclamo por salarios e indemnizaciones adeudadas.
Los cortes de accesos a yacimientos se produjeron en distintos sectores a la espera de alguna respuesta desde Buenos Aires donde el dirigente gremial Jorge Avila buscaba algún tipo de solución.
Finalmente los trabajadores aceptaron cobrar el 70 por ciento de la deuda, tal cual les venían proponiendo desde hace meses con los aportes de la operadora YPF.
“Decidimos esto porque la realidad es que ya la necesidad es extrema, tenemos deudas y necesitamos llevar alimento a nuestra familias”, expresaron.
Pero no todo termina allí. Esta semana será clave para ellos, pues reclaman la reincorporación a sus tareas habituales, más allá de la empresa para la que presten servicios. Esta era incluso una de las alternativas que el mismo sindicato les había hecho saber en el caso de que se produjeran finalmente las desvinculaciones.
Para saber si habrá avances concretos, señalaron que darán un plazo de diez días, en ese lapso verán si el monto que cobran es el que les corresponde y si es certera la posibilidad de ingresar nuevamente a trabajar.
La Justicia debe habilitar
Para que los trabajadores puedan cobrar el 70 por ciento de la deuda que tiene con ellos la empresa SP Argentina, es necesario que desde el ámbito judicial esto sea avalado, teniendo en cuenta que allí reside la situación de la firma que en este momento se encuentra desfinanciada.
La operadora YPF será la que aporte la suma que ronda los 300 millones de pesos, para un total de unos 400 trabajadores tanto de Chubut como de Santa Cruz. Es decir: YPF le traspasaría la suma a SP que sería en definitiva la que pague la deuda, pero necesita la autorización judicial para esto.
Esta autorización está en manos de la jueza María Virginia Villarruel del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27, y debido a la crítica situación que se vive en la cuenca del golfo San Jorge, se espera que resuelva en lo inmediato. Un retraso en este trámite generaría nuevamente medidas y paralización de la actividad con la consiguiente pérdida de producción y perjuicios económicos, no tan solo para los operadoras, sino también para las empresas de servicios que no pueden facturar si no tienen posibilidad de trabajar.
Cabe mencionar que previo al visto de la jueza, el síndico debe visar el contenido del convenio para confirmar que los montos son los que corresponden a cada trabajador, con aportes patronales y demás obligaciones.
Si la magistrada resuelve entre hoy lunes o mañana la autorización, el dinero podrá ser girado desde YPF a SPA y los trabajadores podrán cobrar la deuda, un trámite que hasta que llegue a los cuentas personales puede tardar un par de días. El monto mencionado de 300 millones no se reparte de manera igualitaria, sino que cada de uno percibirá un monto de acuerdo a su antigüedad y función.
Con la decisión de los trabajadores de aceptar el 70 por ciento, el panorama es más claro: el dinero para pagar ese porcentaje está, solo es necesaria la autorización judicial lo antes posible para evitar mayores perjuicios.