Hugo Lillo y Matías Soler serán investigados como presuntos autores del delito de encubrimiento en perjuicio de la operadora Pan American Energy. Los sujetos fueron detenidos el viernes con más de 1.000 kilos de alambre de cobre en su poder. El juez fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación y luego los dejó libre.
Hugo Lillo y Matías Soler fueron detenidos el viernes y fueron imputados por robar alambre de cobre en el yacimiento Cerro Dragón.
Hugo Lillo y Matías Soler fueron detenidos el viernes y fueron imputados por robar alambre de cobre en el yacimiento Cerro Dragón.
La audiencia de control de la detención y apertura de la investigación se desarrolló días atrás en la Oficina Judicial de Sarmiento y estuvo presidida por el magistrado Alejandro Rosales.
El fiscal general Herminio Gonzales Meneses se encargó de detallar las circunstancias del operativo efectuado por el personal policial de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia que efectuaba servicio adicional en el yacimiento petrolero Cerro Dragón.
Gonzales Meneses describió que a las 0:45 del viernes dos efectivos transitaban por caminos secundarios de ingreso al yacimiento. Los policías ya contaban con información vinculada a un robo de tendidos eléctricos de material de cobre denunciado el 20 de marzo.
En ese contexto, observaron que salía del yacimiento una Volkswagen Amarok con vidrios polarizados y caja con cobertor de lona. A la altura de los kilómetros 75 y 76 de la ruta Nacional 26 los policías ordenaron a los ocupantes de la camioneta que se detuvieran y descendieran.
Luego, le solicitaron al conductor que abriera la compuerta, donde a simple vista se observaba que transportaban rollos de cable de cobre perteneciente a tendido eléctrico con signos de haber sido cortados recientemente. El fiscal agregó que en el asiento trasero había elementos de seguridad para escalar y trabajar en altura como tijeras de corte.
En ese marco, el representante fiscal pidió al juez que declarara legales las detenciones de Hugo Fabián Lillo (57) y Matías Sebastián Soler (37), y otorgara un plazo de seis meses para concluir la investigación. También requirió autorización para una orden de requisa personal, tareas de inspección ocular y pericias en la camioneta secuestrada.
Gonzales Meneses los imputó como presuntos autores del delito de robo y requirió que los hombres sean trasladados a las oficinas del Area de Criminalística de la Fiscalía a los fines de aplicar el protocolo de identificación y luego podían recuperar su libertad.
"NO FUE UN ROBO"
El defensor público Gustavo Oyarzun consideró que no se comparecen los hechos relatados en la pieza de apertura de investigación con el delito de robo. Desde su interpretación se trataría de un encubrimiento de robo.
Además, cuestionó la legalidad de la detención de sus asistidos debido a que "no surge del acta policial ningún elemento serio y determinante que hayan permitido establecer que en esa camioneta haya algún tipo de vinculación con un hecho delictivo", argumentó. Por lo tanto, consideró que hubo una detención arbitraria y sin fundamento, y se opuso a la apertura de la investigación.
El magistrado analizó los pedidos de las partes y explicó que siempre tiene que haber una base razonable para proceder a la detención. En esa línea, indicó que en el caso que se investiga había una denuncia previa de un delito ocurrido en cercanías y circunstancias temporales y espaciales.
Por lo tanto, afirmó que existían elementos suficientes para declarar legal la detención de los imputados. Coincidió con el defensor en que la descripción del ilícito se asemeja más a un encubrimiento que a la calificación legal escogida por la parte acusadora.
Entonces, resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Lillo y Soler por el delito descripto por la Defensa Pública. Por último, autorizó las órdenes de registro y secuestros requeridos por la Fiscalía. (El Patagónico)
