El velo del secreto que cubría el polémico acuerdo comercial entre la petrolera estatal YPF y la estadounidense Chevron comenzará a caerse. Será a partir de mañana. La compañía estatizada deberá entregarle una copia a la Justicia. Esta vez, será sin tachaduras. Aunque la compañía argumenta que hay información "confidencial", la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El convenio con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta se firmó en julio de 2013, bajo la gestión de Miguel Galuccio como presidente y CEO de YPF. Para evitar que el dinero fuera embargado por los acreedores de la deuda pública, se armó una ingeniería financiera compleja con sociedades offshore.
YPF ocultó el contrato durante el kirchnerismo. Rubén Giustiniani, que era senador en noviembre de 2015, le pidió a la Corte Suprema que se divulgue, siguiendo el procedimiento del decreto de acceso a la información pública. La Corte Suprema aceptó esa solicitud.
Sin embargo, cuando YPF fue a presentar el contrato lo hizo con "tachaduras" en lo relativo a "secretos comerciales, técnicos y científicos". El argumento de la compañía es que hay datos geológicos cuyo acceso resultó costoso.
La compañía encontró un súbito aliado en su intento por cubrir su actuación: la Oficina Anticorrupción de la gestión macrista. Su titular, Laura Alonso, cambió radicamente sus opiniones sobre la transparencia de la cuestión.
Cuando era legisladora, Alonso había tuiteado: “Caen las caretas de la hipocresía K”. “Daniel Scioli dijo que el contrato YPF-Chevron es ‘entre privados’. Para Néstor, Skanska era corrupción entre privados. Idénticos”. “El acuerdo con Chevron empieza mal: no es público”. Ya a cargo del órgano de control, emitió una nota (602/16) con el siguiente veredicto: “YPF ha fundamentado el alcance de las excepciones invocadas”. De esa forma, permitió que YPF siga tapando una veintena de cláusulas confidenciales.
Entre las excepciones tachadas por YPF en el contrato presentado en la Justicia y que a Alonso le parecen “fundamentadas” están, por ejemplo, la “rescisión de los compromisos de desembolso” (por parte de Chevron) o las garantías adicionales a otorgar a Chevron. En caso de desacuerdos judiciales, los pleitos entre YPF y Chevron serán dirimidos en tribunales de París (Francia). Se trata de una práctica habitual entre firmas internacionales, pero que el kirchnerismo condenó decenas de veces, aunque luego terminó replicando.
Aunque la compañía nunca lo hizo público, Clarín supo que hubo transferencias de dinero de Chevron a sociedades offshore a nombres de personas físicas, que tenían cargos en la empresa. "Hemos pedido un informe al nuevo comité de Auditoría. El dinero que tenía que haber entrado, entró en el Banco Central. Y responde a un orden estructural explicable". dijo Miguel Angel Gutiérrez -presidente de YPF- a Clarín, en la única entrevista en la que se refirió al tema.
La orden judicial de mostrar el contrato entero fue impartida a mediados de julio, pero YPF apeló ante la Cámara. Ese tribunal ahora rechazó la apelación.
El acuerdo con Chevron fue uno de los pilares de la gestión de Galuccio, que renunció en marzo. Otra de las incógnitas que pende sobre ese convenio es el precio que recibió la estadounidense por cada barril de petróleo extraído. YPF le garantizó que le compraba ese suministro.(Clarín)
