El Gobierno nacional no prorrogará el plazo de 90 días dispuesto para el congelamiento de los precios del crudo y de los combustibles que fijó tras las elecciones primarias, y las petroleras esperan aplicar los primeros incrementos a partir del jueves para reducir el atraso estimado entre un 15 y un 20 por ciento.
Fuentes del Gobierno señalaron que la medida de emergencia del sector hidrocarburos cumplió su objetivo de contener una escalada de precios aún mayor a la registrada en la economía desde el 12 de agosto, por lo cual se aseguró que no habrá una prórroga de la medida y en el primer minuto del jueves las petroleras estarán liberadas de fijar su política comercial.
La medida inicial que fijó el decreto 566/2019 del 15 de agosto había dispuesto congelar por 90 días los precios en surtidores a los valores vigentes al 9 de agosto, y aplicó un tipo de cambio de referencia de $ 45,19 por dólar y un precio de referencia Brent de US$ 59 el barril.
El 19 de septiembre, el Gobierno flexibilizó la medida con un aumento de 4% e hizo lo propio el 1 de noviembre con otro 5% de incrementos autorizados para amortiguar los futuros traslado a precios de las recientes variaciones del tipo de cambio, los precios del petróleo crudo, y los incrementos de los impuestos específicos y los biocombustibles regulados.
Voceros de las tres principales petroleras que dominan el segmento minorista de combustibles coincidieron en señalar que el atraso de precios producto del congelamiento no se podrá recuperar inmediatamente, sino que se buscará alcanzar paulatinamente y en lo posible acercarse a una paridad de importación para cuando asuma el presidente Alberto Fernández.
La referencia al futuro Gobierno se debe a que las empresas anticipan que un eventual llamado a un acuerdo social que incluya una política de precios restrictiva, los encontraría con un atraso importante que no se registra en otros sectores de la economía que si aplicaron aumentos desde agosto.
De esta manera, no descartan que el primer aumento se disponga de inmediato tras el descongelamiento formal y al menos un segundo aumento a fines de noviembre o comienzos de diciembre.
En todos los casos, las empresas evalúan que el piso de incremento de combustibles estará a partir del 5%, es decir similar a los dos incrementos que había autorizado el Gobierno desde el congelamiento, para sobrellevar la presión de las empresas y de las provincias petroleras que recurrieron a la justicia en busca de declarar inconstitucional la medida.
Además de las productoras y refinadoras, el otro jugador del sector es el de las estaciones de servicio, que a través de sus cámaras y federaciones apoyaron inicialmente el congelamiento.
Esta tarde, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) expresó que "la medida se volvió insostenible en una economía con dos dígitos de inflación y un abastecimiento que sigue siendo deficitario o restringido, especialmente en el canal de estaciones blancas".
En ese escenario, la entidad confió en "una vuelta a la normalidad de los precios de los combustibles en un clima de consenso de todos los protagonistas de la cadena productiva energética para no perjudicar al consumidor y a la actividad económica".
