El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” promueve el rechazo por parte del Parlamento Nacional del actual proyecto de Ley ya que compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, tiene un diseño institucional que no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además, se contrapone con criterios elementales de la transición energética.
Después de más de dos años de haberlo anunciado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Parlamento el proyecto de Ley que modifica marginalmente la actual Ley de Hidrocarburos pero que en rigor se trata de una Ley de promoción industrial.
El proyecto comprende 8 programas o regímenes de promoción que se presentan como novedosos, pero que en realidad repiten incentivos que fracasaron en los últimos 7 planes de promoción implementados en los últimos ocho años.
En líneas generales el proyecto discrimina positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros sectores de la economía. Establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico ad hoc y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad de aplicación.
El proyecto incluye la promoción por 20 años de la producción de petróleo y gas: fija precios de referencia de forma discrecional, garantiza volúmenes de exportación y libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas y otorga desgravaciones impositivas que se definen en base a parámetros sobre los cuales el Estado ha demostrado escasa capacidad de control y auditoría.
Estos programas de promoción perpetúan en el tiempo el actual mecanismo de formación de precios de la energía que desacopla el precio que paga la demanda del
que recibe la ofertan y generan una diferencia que se cubre con crecientes subsidios que el Estado Nacional no tiene posibilidad de financiar.
Observamos con preocupación al régimen de promoción al desarrollo de infraestructura. Con el objetivo de reducir el costo de financiamiento, un “Consejo de Inversiones” de amplias facultades definirá y priorizará proyectos a los que asignará beneficios. Este Consejo de Inversiones no tiene prevista ninguna representación provincial, desconociendo así el dominio original de los recursos naturales en sus territorios establecido en el artículo 124 la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores, como la ley 26.197, que interpretan esta disposición constitucional.
En ausencia de un Plan Energético integral, el mecanismo promocional previsto por el proyecto carece de la transparencia necesaria y no asegura la asignación eficiente de recursos.
Asimismo, no está limitada la aplicación de avales por parte del estado nacional ni al financiamiento con fondos públicos o provenientes del Fondos de Garantía del ANSES de proyectos sin estudios de factibilidad completos, como por ejemplo los nuevos gasoductos a Vaca Muerta incluidos en el presupuesto nacional 2022.
Los beneficios fiscales que el proyecto otorga no se encuentran debidamente dimensionados ni acotados. El reintegro del IVA, la desgravación del impuesto a las ganancias, el computo de quebrantos como pago a cuenta del impuesto a los combustibles, y la amortización acelerada generarán “gastos tributarios” indefinidos que deberían ser dimensionados por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, en forma previa a su tratamiento parlamentario.
En particular, se modifica el esquema del impuesto al dióxido de carbono que deja de ser un monto fijo y lo convierte en un impuesto ad-valorem. Se trata de una modificación que va a contramano de los incentivos destinados a internalizar los efectos negativos asociados a las emisiones por combustión de los derivados del petróleo. Esta modificación representa un retroceso que evidencia un fin recaudatorio que poco tiene que ver con los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones.
El régimen de cancelación para grandes inversores hidrocarburíferos (REICH), encubriría en realidad un salvataje impositivo a la empresa YPF que, en principio, sería la única que cumple las condiciones del proyecto. Por este régimen se podrá aplicar parte de sus pérdidas recientes al pago al impuesto a los combustibles, una situación que por un lado aplicaría fondos públicos a beneficiar de forma injustificada a los accionistas privados de YPF (49% de participación) y por otro representaría una ventaja respecto a las restantes empresas del sector que de esta forma ya no compiten en igualdad de condiciones.
Entendemos equivocada la aproximación que el proyecto realiza a la transición energética que, si bien se menciona en el mensaje de envío al Parlamento, luego se ignora en el articulado del proyecto.
Los compromisos que asume el Estado Argentino en esta ley no solo se contraponen con los asumidos con la comunidad internacional en relación con la transición energética, sino que limitaría seriamente su capacidad de negociación futura en el marco de los acuerdos globales sobre el cambio climático.
En este sentido, los “programa de sustentabilidad energética” incluidos en el proyecto y su Fondo asociado, financiado por las retenciones derivadas de las exportaciones promovidas, priorizará llamativamente los proyectos de Integración Energética S.A (ex ENARSA) y de cualquier otra empresa del sector hidrocarburos de mayoría estatal”, léase YPF.
Aspectos como la estabilidad fiscal por 20 años y el desarrollo de infraestructura dedicada a hidrocarburos podrían limitar la aplicación de incentivos a la sustitución de energías fósiles vía impuestos al carbono y el desarrollo de una matriz energética compatible con la neutralidad de emisiones.
Consideramos así que este proyecto compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, crea inequidades que serán motivo de reclamo, tiene un diseño institucional que no es transparente y, además, se contrapone con criterios elementales de transición energética. Cualquier intento de aprobar en forma express un proyecto de esta envergadura incurre en un acto de irresponsabilidad económica, energética, ambiental e institucional. El gobierno evita comenzar por el principio: la presentación de un plan energético integral donde se puedan apreciar y analizar sus prioridades.
