El juicio que inició un fondo buitre por la expropiación de la petrolera ingresó en sus instancias cruciales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York
La mayor amenaza judicial contra la Argentina en el extranjero, una demanda de 3000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, ingresó a instancias cruciales en Nueva York. El Gobierno estima que los costos totales del juicio podrían trepar incluso más, motivo suficiente para el desvelo en tiempos de tormentas financieras. Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación, viajó a Nueva York pocos días atrás para supervisar los argumentos de los abogados que representan al Estado argentino. Se debate entre el cielo o el infierno: el tribunal debe definir si corresponde trasladar el juicio a Buenos Aires o si avanza en Nueva York, en el juzgado que supo ocupar Thomas Griesa. Los tiempos están vencidos, pero la definición se demora en llegar. Si la resolución de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es desfavorable, el Gobierno está convencido de que la mejor estrategia es patear el tablero.
Existe un método judicial para que las fichas vuelen por el aire. Si la corte resuelve que el juicio prosiga en Nueva York, la decisión de la Procuración del Tesoro es requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York. La estrategia fue confirmada a la nacion por fuentes gubernamentales. Tirar de la cuerda puede derribar una mampostería pesada.
La amenaza traza una línea recta entre Nueva York y Comodoro Py. Desde 2006 descansa en el juzgado de Ariel Lijo una denuncia de Elisa Carrió y Paula Oliveto sobre los manejos del kirchnerismo en torno a YPF.
En 2012, las legisladoras ampliaron la denuncia para que se investigara en particular la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. "Es evidente que estamos en presencia de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF. Todo ello, con la anuencia de los representantes del Ministerio de Economía, el de Planificación y la Sigen, que fueron partícipes del vaciamiento, ya que suscribieron sin realizar controles de ningún tipo tanto de las memorias como de los balances de YPF", concluyeron las denunciantes. En otras palabras, que la familia Eskenazi sabía que vendía básicamente el derecho a un juicio internacional contra la Argentina cuando entregó sus empresas.
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. Y alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales.
De todas formas, si la Corte de Nueva York finalmente se inclina por el infierno, el estudio Skadden de Nueva York, que patrocina al Estado argentino, tiene la indicación de avanzar con el discovery process para conocer los detalles del acuerdo que dejaron en manos del fondo el poder de litigar contra la Argentina.
"Hay tres opciones: quilombo, megaquilombo o gigaquilombo; si el juicio sigue en Nueva York, vamos por la opción del gigaquilombo", describe con tono dramático un funcionario a cargo del seguimiento del proceso. En los cálculos a mano alzada del Gobierno estiman que el costo del juicio podría alcanzar los 5000 millones de dólares, en otras palabras, un tercio del primer desembolso del FMI.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
La heredera de Griesa
Loretta Preska, jueza
El inicio
El fondo Burford Capital adquirió el derecho a litigar contra la Argentina de las firmas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
La demanda
El fondo se presentó en 2015 ante el juzgado de Thomas Griesa para reclamar un resarcimiento de 3000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
La disputa
Tras la muerte de Griesa, la jueza Loretta Preska ocupó el juzgado. Pero ahora la Corte de Nueva York define si se resuelve allí o en Buenos Aires
LA NACION
