A través de un proyecto de ordenanza elaborado por la Subsecretaría de Ambiente del municipio, se busca regular el tratamiento de los derrames de petróleo dentro del ejido urbano de la ciudad. La iniciativa también pretende aumentar el valor de las sanciones económicas por incidentes de este tipo, según la zona en que ocurran y el tipo de afectación.
anciones que tendrían un valor entre 100 mil pesos y 12 millones, según el nivel de impacto y el tipo de afectación, es lo que propone el proyecto de ordenanza que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para regular el tratamiento de los derrames de petróleo dentro del ejido urbano de la ciudad.
El trabajo fue elaborado por la Subsecretaría de Ambiente y ayer fue presentado a los concejales de la comisión N° 1 para avanzar en su definición con el objetivo de darle pronto ingreso y tratamiento en sesión.
El titular del área, Daniel González, junto a su equipo técnico y el asesor legal del Concejo Deliberante, Ariel Gamboa -quien además aportó su experiencia en la cartera ambiental-, fueron quienes presentaron la iniciativa a los concejales José Gaspar, Ricardo Gaitán, Mario Soto, Guillermo Almirón y Norma Contreras.
En ese marco, se adelantó que uno de los objetivos es aumentar el valor de las sanciones económicas por incidentes de este tipo, según la zona en que ocurran y la afectación que ocasionen.
Al respecto, el concejal y presidente de la comisión, José Gaspar, confirmó que en el encuentro se explicó “la normativa y la acción sancionatoria”. El edil, además, aclaró que el proyecto implica la incorporación de nuevos métodos para definir las multas.
“Ellos elaboraron una grilla en donde determinan el impacto del derrame sobre la vida humana, la vida silvestre, el suelo, entre otros factores, y a partir de allí califican el nivel de impacto que puede ser leve, severo, grave y muy grave para determinar el nivel de sanción que implica una sanción económica y también la remediación”, detalló el edil.
UN MONTO ACORDE
Por su parte, Daniel González, explicó que “hace un par de años que se viene trabajando en un proyecto de ordenanza como una herramienta que les permita a los jueces de Falta establecer un monto apropiado al daño para cobrarle a las empresas en casos de derrame”.
En ese sentido, explicó que actualmente es una tarea que ya se cumple pero “nunca está bien cuantificado y termina siendo algo subjetivo”. Y en ese sentido, ejemplificó: “no es lo mismo que el derrame sea en el medio del campo, o cercano a casas”.
De esa manera el municipio, facultado por Carta Orgánica, podrá tener su propia ordenanza que le permita establecer sanciones con criterio propio, paralelo a lo que defina el Ministerio de Ambiente de la provincia, que también asigna multas en casos de derrame.
En cuanto a las diferencias, González adujo que “Provincia cobra sus multas en función del volumen del derrame, pero no es lo mismo un metro cúbico en el barrio Máximo Abásolo que en medio del yacimiento. Por eso con esta herramienta el municipio se puede regir por su propia legislación”.
El Patagónico