Es para reparar el daño producido al erario público a raíz de las multas aplicadas al mismo por incumplir, durante sus administraciones, una sentencia judicial adversa al Estado.
La resolución del Tribunal de Cuentas de Comodoro Rivadavia se emitió recientemente y sienta un precedente relevante en el manejo de la administración pública. Es la primera vez que se mantiene firme un fallo para que los ex intendentes respondan de su propio peculio por daños provocados durante el ejercicio de su función. Aún resta, sin embargo, una posibilidad de apelación administrativa y otra en el ámbito judicial.
«La repotenciación de las multas procesales obedece no sólo al transcurso del tiempo sin cumplir la sentencia que les dio origen -dice uno de los fundamentos de la resolución difundida por la agencia ADN Sur-, sino también a la desidia que implica el pago de las multas impuestas».
Además consideraron «acreditado que Buzzi y Di Pierro han causado un perjuicio patrimonial indebido al erario municipal al permitir no sólo la aplicación de estas sanciones conminatorias, sino principalmente la mantener la resistencia a cumplir tanto la manda judicial como la sanción pecunaria consecuente durante todos sus mandatos, generando con ello la repotenciación de la misma».
El juicio de responsabilidad patrimonial fue promovido por el abogado José María Ferreyra de las Casas, y por Idalio Dos Santos Pires, quien a su vez le había ganado un juicio al municipio de Comodoro Rivadavia por la propiedad de un terreno en barrio Industrial.
A consecuencia de ese juicio adverso, que el municipio perdió a fines de diciembre de 2007, cuando comenzó la intendencia de Martín Buzzi, se aplicaron al erario municipal una serie de multas, que crecían a razón de 500 pesos por cada día de incumplimiento de dicho mandamiento judicial, es decir sin que el Estado tomara los recaudos para restituir la propiedad del terreno al mencionado particular.
De hecho, Buzzi y Di Pierro todavía afrontan un juicio penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que el primero no sólo no cumplió, sino que tomó en su mandato una resolución contraria al cumplimiento de la sentencia a favor de Pires, mientras que su sucesor en el cargo no hizo nada para evitar que dicha irregularidad (es decir, el incumplimiento de un fallo que había sido confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia) fuera cumplido por el Estado.
Con los votos de Carlos Relly (presidente) y el vocal Gastón Acevedo, el Tribunal de Cuentas Municipal resolvió condenar a Di Pierro y Buzzi a pagar de su propio bolsillo el monto acumulado por la multa impaga, que quedó consolidado en 3.129.700 pesos a partir de las acciones iniciadas por el actual intendente, Carlos Linares, para cumplir con el pago de las multas.
