El discurso de Juan José Aranguren de defensa de mercado libre sufrió este jueves un duro golpe. El ministro de Energía propuso a los principales empresarios del sector petrolero una típica receta kirchnerista de precio sosten o barril criollo para el crudo, con un agravante: lo ubicó por debajo del precio internacional.
Además, el ministro propuso a las refinadoras ir liberando reajustes de las naftas a un ritmo del tres por ciento mensual, lo que causó un profundo desagrado en ese sector que viene muy golpeado por la devaluación y la disparada del precio del barril.
Aranguren propuso a las refinadoras ir soltándoles porcentajes de actualización del precio de los combustibles del 3%, lo que no cierra para nada en ese sector. En los hechos confirmó que se incumplirá el compromiso asumido durante el congelamiento tarifario.
Aranguren propuso mantener el precio del barril criollo hasta fines del 2019, es decir hasta el final del mandato de Macri, en el mismo momento que el presidente veta la ley aprobada por la oposición para limitar los precios de las tarifas, por considerar que va contra las buenas leyes del mercado que favorecen la inversión.
La propuesta no terminó de convencer a los petroleros que retomarán las negociaciones con el ministro este viernes a las 10 de la mañana.
Esta decisión de Aranguren implica un duro golpe a la reputación del gobierno de Macri entre los inversores internacionales que están hundiendo miles de millones de dólares en vaca Muerta, con la convicción que las promesas de libre mercado del actual gobierno eran real.
"Para los inversores del exterior es un golpe muy duro, para ellos era inimaginable que Macri replicara una política intervencionista como las del kirchnerismo", afirmó a LPO un importante empresario del sector. "Otra vez vuelve el fantasma de la imprevisiblidad de la Argentina", agregó la fuente.
No parece casual que el mismo día que se conoce esta propuesta, deje el Ministerio de Energía, un hombre clave como el subsecretario Marcelo Blanco, muy respetado en el mercado, que presentó su renuncia indeclinable.
Aranguren buscó esta salida heterodoxa, encerrado en el laberinto que él mismo se creó al imponer semanas atrás un congelamiento de los combustibles, que luego de la reciente devaluación, empezó a hacer agua por todos lados, generando severas distorsiones en todo el sistema y enfrentamientos entre refinadoras y productores de petróleo.
El impacto de la devaluación
A las futuras subas de gas y electricidad anticipadas por LPO, ahora se suma la problemática por el acuerdo de congelamiento de combustibles.
Las naftas ya registran un atraso del 40%, producto de la suba del dólar y el aumento del barril de crudo internacional y el pasado "acuerdo de estabilidad de precios" firmado entre Aranguren y las petroleras, que determinó el congelamiento de los combustibles durante dos meses, establece que esta diferencia se adicione en el precio de los combustibles a partir del 5 de julio en seis cuotas mensuales consecutivas.
Pero con el rebote inflacionario esa opción es inviable políticamente para la Casa Rosada. Fue así que evaluó incluso hacer un mix que incluya que una parte del atraso vaya a cuenta de los consumidores y la otra sea recompensada por el Estado. Eso es el barril criollo, si el precio llega a caer por debajo de los USD 70 dólares, ya que el Estado deberá poner la diferencia. Más subsidios en un gobierno que acaba de vetar una ley con el argumento que no puede pagar subsidios.
Todo esto genera un panorama incierto que pone en duda nuestras garantías y va a afectar los niveles de inversión, afirmó a LPO un directivo petrolero.
Esta posibilidad fue contemplada en el anterior acuerdo que determina que "en el caso de que por circunstancias de mercado, la aplicación de la Cuenta Compensatoria no pudiera ser trasladada a precios, el Poder Ejecutivo Nacional se compromete a que los Refinadores recuperen las variaciones de costos no trasladadas a precios antes del 31 de Marzo de 2019".
Como el gobierno también está apretado por la exigencia del FMI de bajar el déficit, un escenario donde la mitad del atraso de los combustibles se trasladará al surtidor y la otra mitad sería compensada por las arcas públicas -tal como proponen las petroleras- implicaba un sacrificio fiscal de unos $75.000 millones, un 0,6% del PBI.
Fuentes del Gobierno descartaron a LPO esta alternativa. "Nuestra prioridad es la reducción del déficit, de ninguna forma se podrá hacer nada que implique un aumento del gasto", subrayaron.
El sector desconfía de la firmeza estatal y desafía: "en el mercado del gas también nos dijeron que no íbamos a tener compensaciones y al final terminaron cediendo con el plan gas 1 y 2".
Paralelamente, las refinerías que fueron las más golpeadas de la cadena al tener que asumir el costo de comprar el crudo a precio internacional y vender al precio acordado, confesaron estar cansadas de tener que pagar los platos rotos y esta semana salieron a ofrecerles a las productoras (upstream) entre 13 y 18 dólares menos por barril que la cotización del Brent.
En respuesta a este reimpulso de "un barril criollo" por parte del downstream -esta vez por debajo del precio internacional- las productoras salieron a querer volcar esa producción en el mercado externo y le llevaron a Aranguren cinco pedidos grandes de exportación. Sin embargo, al tener que descontar 3 dólares por barril por el costo del flete -la diferencia entre import y export parity, tampoco es el escenario ideal para las empresas.
"Todo esto genera un panorama incierto que sin duda pone en riesgo nuestras garantías y va a afectar los niveles de inversión", confesaron a LPO desde una petrolera.
"Las petroleras son empresas transnacionales y esperan obtener la misma rentabilidad en dólares en cualquiera de los países donde operan. Cuando no la obtienen empiezan las tensiones y la primera variable de ajuste es la inversión", explicó a LPO Andrés Di Pelino vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
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