Pablo Maradei
En lo que pareciera ser un nuevo caso de corrupción como el del SOMU, la semana pasada se realizó un allanamiento en la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que conduce el diputado nacional del justicialismo Alberto Roberti.
La denuncia es por administración fraudulenta y, al igual que en el gremio que conducía el ahora preso Omar "Caballo" Suárez, la realizó otro dirigente sindical. De acuerdo a la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, se desviaban fondos por millones de pesos. Entre las desprolijidades mencionadas figuran cheques emitidos sin cruzar y sin la leyenda "no a la orden" por montos millonarios. Al emitirlos "al portador" facilita las cosas para que sean cambiados y, de esa manera, desvanecer el camino de la ruta del dinero, se informó ayer.
Roberti, a cargo de la Federación desde 2008, dialogó con Clarín y desestimó la denuncia: "No tiene ninguna veracidad". Y agregó: "Él es un miembro de la Comisión Directiva que avaló balances como lo hacen los organismos de control que tenemos, por lo que consideramos que estamos en presencia de una bomba de humo".
El procedimiento judicial lo realizó el Juzgado en lo Correccional N° 29 de esta capital pero, luego de hacerlo, se declaró incompetente y giró el expediente a la órbita federal: ahora está a la espera del sorteo que designará qué Juzgado Federal llevará la investigación adelante.
En la denuncia que realizó Marcelo Turchetti, quien es el secretario general de un sindicato petrolero santacruceño y uno de los 17 afiliados a la Federación, se detallan "pagos a Salud Industrial SA por casi 9 millones de pesos pero sin estar registrados" en la contabilidad. También señala que hay una factura de esa empresa por $ 22.750.000 por prestaciones de alta complejidad "a pesar de que no brinda ese tipo de servicios".
Pero hay más: acusa que figuran pagos "a tres empresas constructoras pertenecientes a los mismos dueños, todas ellas creadas luego de la asunción de Roberti como diputado nacional". Con una particularidad adicional: según la denuncia, tanto la Federación como la obra social y las tres constructoras tienen el mismo contador, Gerardo Zangoni. A este profesional también lo acusa de "no registrar a favor de la Federación los intereses de los plazos fijos". Vinculado a las cuestiones políticas pide investigar los vuelos sanitarios de la obra social ocurridos durante el año 2009: "Se habrían trasladado Roberti, su esposa Mónica López, Francisco de Narváez y Sergio Massa, vuelos que obedecían a meras cuestiones políticas", siempre según Turchetti.
El querellante también se metió con los bienes personales del matrimonio Roberti - López: aseveró que "el Establecimiento Agroganadero Santa Mónica SA -que lleva ese nombre por su esposa, y cuyo padre, Luis López ,y el hijo de la pareja, Mariano Roberti, son los accionistas- se habría comprado con fondos de la Federación" (Clarín)
