(depetroleo) El dirigente gremial y diputado provincial Carlos Gómez salió al cruce del ministro de Hidrocarburos –Sergio Bohe- en torno a la situación que atraviesa el yacimiento Bella Vista Oeste que recientemente dejara la operadora Sinopec.
Gómez fue muy crítico en torno al papel que juega Hidrocarburos, al señalar que no solo debe preocuparse sobre este yacimiento en particular, brindando un panorama sobre la difícil situación que atraviesa la cuenca con la baja de equipos y consideró que “hay una falta de controles” por parte del Ministerio en cuestión.
En relación a la situación del yacimiento el dirigente señaló que son 30 operarios los que se encuentran con situación indefinida, pertenecientes a las empresas INCRO y Alberto Rosas. Recordó asimismo que desde un principio se trabajó para que la operadora CAPSA se hiciera cargo del yacimiento, algo que la firma está incluso evaluando en la actualidad.
“Bella Vista Oeste no es Vaca Muerta, por eso hay que ser serios en la información desde las distintas estructuras de responsabilidad, tratando de no minimizar los problemas que acarrean las desinversiones de todas las operadoras en la provincia del Chubut y ser positivos con respecto a los compromisos de solución que ha garantizado el gobierno con los trabajadores. Por eso Sinopec deberá hacerse cargo de las indemnizaciones al cien por cien de cada uno de los trabajadores, desde el mes de abril, al igual que de las facturaciones de las contratistas”.
Gómez explicó lo indicado para resaltar que no se debe generar más incertidumbre y tensión entre los trabajadores, y tener el objetivo de poner en marcha nuevamente el yacimiento “sin tantas estridencias y tratar de preocuparse desde el Ministerio de la cantidad de personal sobrante que hay en todas las empresas que hoy están padeciendo las consecuencias de la desinversión de YPF, Tecpetrol y Sipetrol. Como tanto le interesa Sinopec también deberían interesarse en poner en marcha los equipos de estas operadoras”.
En este sentido indicó que en la actualidad lo que hay es un alto costo social producto de la desinversión, la falta de presentación de los planes de las operadoras “….algo que se traduce en la cantidad de expedientes que hay en la Secretaría de Trabajo”.
Ejemplificó esto con la situación de SP, San Antonio “y tantas otras empresas que en total significan alrededor de 1800 telegramas para los trabajadores. Es ahí donde se debe fiscalizar”.
“Acá no hay que distraerse con Sinopec –expresó-, hay que tratar de neutralizar los despidos que se están anunciando en las empresas. Las inversiones bajaron de 1600 a 1100 millones de dólares, es ahí donde debe estar la atención de un Ministerio”, finalizó.
