(Víctor Amigorena) Con cerca de 65 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, Argentina se mantiene como el mayor deudor del organismo. La cifra cuadruplica la de Ucrania, que ocupa el segundo lugar. Entre la herencia de crisis recurrentes y las tensiones con el gobierno de Javier Milei, el país enfrenta un desafío histórico: cómo salir del ciclo de endeudamiento y ajuste.
Argentina encabeza el ranking de deudores del Fondo Monetario Internacional (FMI) con unos 65 mil millones de dólares, según datos de mayo de 2025. Muy por detrás aparecen Ucrania, con 15 mil millones, Egipto con 12 mil, y Ecuador y Pakistán con alrededor de 9 mil millones cada uno. El contraste es contundente: la deuda argentina con el organismo es más de cuatro veces superior a la del segundo país en la lista.
El vínculo entre Argentina y el FMI es de larga data. Desde el regreso de la democracia en 1983, todos los gobiernos mantuvieron, en mayor o menor medida, negociaciones con el organismo. La crisis del 2001 marcó uno de los momentos más críticos: el llamado “blindaje” y el “megacanje” de deuda no lograron evitar el colapso económico y social, lo que derivó en el default más grande de la historia hasta entonces. Tras varios años de desendeudamiento durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el escenario volvió a complicarse en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri contrajo el mayor préstamo otorgado en la historia del FMI, por 57 mil millones de dólares.
Ese acuerdo, destinado a contener la fuga de divisas y estabilizar el peso, terminó profundizando la crisis. Desde entonces, Argentina arrastra la pesada carga de refinanciar vencimientos millonarios en un contexto de inflación crónica, caída de reservas y dificultades de acceso al crédito internacional.
En la actualidad, bajo la presidencia de Javier Milei, la deuda con el FMI sigue siendo un eje central de la política económica. El gobierno libertario, que asumió en diciembre de 2023 con un programa de ajuste fiscal radical, busca mostrar disciplina frente al organismo. La reducción drástica del gasto público, la eliminación de subsidios y el recorte de transferencias a las provincias son medidas que Milei defiende como parte de un “shock de estabilización”, pero que generan fuertes tensiones sociales y políticas.
La discusión no se limita a lo financiero. Para el FMI, Argentina representa un caso testigo: un país con abundantes recursos naturales, pero atrapado en un ciclo de crisis recurrentes. Para la sociedad argentina, en cambio, el Fondo sigue asociado al ajuste, la recesión y el deterioro del poder adquisitivo.
El contraste con otros países deudores es significativo. Ucrania enfrenta su deuda en medio de la guerra con Rusia, un contexto excepcional que explica la magnitud de la asistencia financiera. Egipto, Ecuador y Pakistán, por su parte, mantienen programas de ayuda atados a reformas estructurales, pero sin alcanzar los niveles de endeudamiento de la Argentina.
A más de 70 años del primer acuerdo con el FMI en 1956, el país continúa en el centro del escenario internacional. La pregunta, aún sin respuesta, es si el gobierno actual logrará romper el ciclo de crisis y dependencia, o si la relación con el Fondo seguirá marcando, como tantas veces en la historia, los límites de la política económica argentina.
