Aunque los ajustes tarifarios del gas dejan a las empresas del sector mejor paradas para enfrentar con recursos propios los planes de inversión, el Estado no estará eximido de seguir aportando fondos para expandir la red, como lo prueban los $ 6.652 millones incluidos en el presupuesto del año próximo.
El esfuerzo público también entraña la ciclópea tarea de reformular intrincados programas de obra en plena ejecución que involucran a municipios de todo el país. También revisar millonarios emprendimientos a cargo de la Nación, como el Gasoducto del Noreste, entre otros. Y, naturalmente, controlar que las empresas con precios regulados honren sus promesas de financiar otros emprendimientos con las tarifas remozadas.
El Gobierno enfrenta ese desafío administrativo y político en el medio de una metamorfosis del mapa de obras para el sector gasífero, su fuente de financiamiento y la modalidad para concretarlas.
La audiencia pública de mediados de septiembre para fijar nuevos cuadros de gas habilitó el camino para que transportistas y distribuidoras accedieran a una nueva tarifa, que nutre su caja pero que les transfiere la obligación de ejecutar inversiones de las que estuvieron parcialmente eximidas desde la emergencia económica de 2002.
El ajuste ya otorgado -que permite remunerar mejor a los productores de gas y fortalece el ingreso de las empresas que operan en el segmento regulado- es sólo el primer capítulo. En estos días se pondrá en marcha un cronograma de revisiones tarifarias integrales que permitirán reajustar nuevamente los precios de transportistas y distribuidoras, posiblemente a partir de febrero.
Los valores tarifarios que surgirán de esas RTI serán convalidados en las audiencias públicas a realizar hasta principios de diciembre y serán la consecuencia natural de reconsiderar la ecuación del negocio sobre la base de que la recaudación debe permitir cubrir costos operativos y un programa de obras a avalar por el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), incluyendo cierta utilidad neta, oficiosamente estimada en alrededor del 7%.
Los nuevos precios que resulten del análisis están siendo convalidados estos días mediante audiencias públicas programadas de aquí hasta el 7 de diciembre y deberían permitir en el próximo lustro cubrir íntegramente los costos operativos y cierto plan de inversión sujeto a la aprobación del Enargas, más cierta utilidad neta estimada en alrededor del 7% anual.
El corazón de la reformulación tarifaria en ciernes (o "sinceramiento", como prefieren decir algunos) es que sean los consumidores, en proporciones distintas según su categoría, los que costeen el precio del servicio y las empresas las que inviertan con su recaudación propia.
Pero esa meta implica recorrer un escarpado camino aún.
Mix público-privado
Antes que en julio pasado la Justicia frenara las subas bajo la exigencia de realizar audiencias públicas, las transportistas habían comprometido inversiones para mejorar "seguridad y confiabilidad" del sistema. En el caso de Transportadora de Gas del Sur, implicó un compromiso de 794 millones de pesos como contrapartida a un ajuste de 218% en su tarifa, montos superiores en ambos ítems para Transportadora de Gas del Norte.
Algunos emprendimientos quedaron en suspenso con el entredicho tribunalicio, otros continuaron por inercia o fueron retomados al quedar firme el cuadro tarifario. Todos terminarán de realizarse bajo la consigna de cubrir su costo con la recaudación de las empresas prestadoras.
En un comunicado que difundieron el 13 de septiembre transportistas y distribuidoras (ambas con precios regulados), lamentaron haber tenido tarifas disociadas de los costos durante 17 años y prometieron que con los nuevos valores no sólo mantendrían las redes sino que costearían su expansión, para llevarle gas a los 5,2 millones de usuarios que aún no tienen servicio.
Pero no hay certeza legal ni decisiones administrativas que avalen de modo rotundo esa promesa, separando las responsabilidades de unos y otros.
El estigma de los últimos años fue un mix complejo de desentrañar ente inversiones públicas y privadas, ejecutadas por unos y por los otros, con competencias difusas y responsabilidades compartidas. Una madeja que todavía no se desentrañó.
Oficiosamente, una de las principales distribuidoras capitalinas reconoce que, en los últimos años, el otrora ministro de Economía, Axel Kicillof, auxilió a ella y a las firmas de su rubro con dinero que resultaba vital para mantener la red.
Desde el 2012 el gobierno anterior creó un cargo fijo (resolución 2407), cuyo monto oscila entre $ 4 y 60 para clientes residenciales y llega a los $ 2000 por factura en el caso de grandes usuarios. Esa recaudación debía integrar un fondo fiduciario (Focegas) para inversiones, constituido bajo la órbita del Banco Nación.
Por reclamo de las empresas, una nueva resolución del año siguiente les permitió a las propias compañías intervenir de modo más directo en el manejo de ese dinero para agilizar las ejecuciones y pagos que se hicieron a través de Nación Fideicomisos S.A.
Finalmente, el nuevo diagrama tarifario diseñado por la gestión de Mauricio Macri sostiene el Focegas con el mismo esquema que la administración anterior. Aquí una de las varias maneras en curso de financiar obras: el usuario, a través de un cargo fijo, que recaudan las privatizadas y deberían gastar con la anuencia oficial.
"Más Cerca" de los municipios
En la última década, la expansión de la red troncal de gas se hizo utilizando el modelo de un fondo fiduciario creado bajo la órbita del Banco Nación, que de algún modo se replicó para las de distribución.
Para ampliar la capacidad de transporte, el fondo debía ser nutrido con un cargo a pagar por grandes consumidores pero, por diversas vicisitudes de un sistema críptico, en gran medida terminó alimentado con recursos públicos. A través del Tesoro o de Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico que subsidia el gas utilizado por las usinas térmicas.
Ese complejo mecanismo sirvió para costear obras por varios miles de millones de dólares a fin de realizar loops sobre los gasoductos troncales y plantas compresoras, pero las diversas irregularidades detectadas por organismos de control público habilitaron que los actuales responsables de Nación Fideicomiso reclamaran formalmente una investigación judicial sobre el sistema y que Juan José Aranguren dispusiera congelar las contrataciones.
Esta vía de realización de obras quedó por el momento obturada.
Otro camino no ya para aumentar la capacidad de transporte sino para llevar gas a hogares que no lo tengan, fueron las inversiones que se realizaron en el marco del denominado "Plan Más Cerca", mucho más generoso para electricidad, pero que también existe en el gas.
Este programa se desarrolló en los dos últimos años y medio y abrió un importante drenaje de fondos de Nación a los municipios del todo el país para que ejecutaran ellos mismos las obras.
Las auditorías que realizaron algunas universidades nacionales sobre este circuito en muchos casos frenaron los emprendimientos por presuntos sobreprecios u obligó a la reformulación de los proyectos, que tienen muy distintos grados de avance.
Hoy el plan está en revisión, aunque no muerto. Durante el año próximo, distintas intendencias recibirán $ 492 millones desde el poder central en este marco. Otra iniciativa en plena reconsideración pero que sobrevive.
Hay tres tendidos de gasoductos previstos para el 2017.
Uno de ellos es cordillerano, tramo de 136 kilómetros que el municipio de Bariloche ya adjudicó a la firma Vertúa y que tiene principio de ejecución. Es la misma firma que dejó inconcluso el primer tramo del Gasoducto del Noreste, dando lugar a una investigación por incumplimientos. Energía se dispone ahora a relicitarlo e invertir $ 1700 millones en los caños sureños, pero con una dinámica pulida.
Otro es el Gasoducto Regional Centro, que demandará otros $ 1300 millones para un tendido superior a los 140 kilómetros. Según fuentes con competencia en estas revisiones, habría una incongruencia insalvable en lo que se habría previsto hasta el momento para el "lechero": el municipio santafesino de Sunchales, sindicado como el responsable de la ejecución de este emprendimiento del "Más Cerca", no tendría capacidad técnica para administrar una suma que sextuplica su presupuesto anual.
El tercero es el Tandil Mar del Plata, cuya potenciación implicaría unos 1076 millones adicionales, que serán provistos por el Tesoro.
Mientras se avanza en estas obras y, al mismo tiempo, se reconsideran algunas obras en los tribunales o en organismos de control, la desafiante misión oficial es encontrar el mecanismo de financiación más idóneo para expandir y mantener el sistema.
No sólo para garantizar la provisión del servicio sino para cuidar que el dinero de los consumidores o de todos los contribuyentes -aún los que dependen de garrafas o fuentes alternativas- no se desperdicie.
EL CRONISTA
