El presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, Jorge Lapeña, advirtió que el país cuenta con "un sector energético inviable e insostenible", con empresas de "baja productividad, altos costos y dependiente de los subsidios nacionales", lo que hace al sector "incompetente para exportar".
Así lo planteó el exsecretario de Energía en el marco de la presentación del plan "60 medidas de política energética", elaborado por el instituto, que abarca cuestiones normativas, organizacionales, tarifarias y de inversión en infraestructura para las próximas décadas.
"Es un programa integral para debatir los serios problemas estructurales que tiene el sector energético en la Argentina y que conviene tratar de remover de raíz, con un giro copernicano en los modos de gestionar y de encarar el manejo del sector energético de al menos los últimos cinco lustros", afirmó Lapeña en una teleconferencia.
En ese sentido, el exsecretario consideró que el sector energético argentino "es altamente dependiente de subsidios de un Tesoro nacional exhausto y que no puede hacer frente a la demanda de subsectores que tienen baja productividad y altos cosos para producir energía en sus diversas formas".
Como ejemplo de sus afirmaciones, aseguró que "entre 2003 y 2019 se giraron del estado a las empresas 100.000 millones de dólares en subsidios, lo que da cuenta de la inviabilidad el sector y uno de sus peores defectos".
Lapeña aseguró que en el país "con productos energéticos caros, la producción es incolocable hoy y en los años siguientes en los mercados internacionales" de manera competitiva y aseveró: "Hoy estaríamos fuera de competencia si tuviéramos la cantidades necesarias para exportar".
"Estamos ante un sector energético inviable e insostenible", reseñó el especialista al explicar que las 60 propuestas del IAE plantean "una reformulación de políticas que se basan en el concepto de transición de un estado energético inviable de 2020 a un sector deseable en el transcurso de los próximos 25 años".
La propuesta traza "una transición energética múltiple desde una matriz fuertemente productora de gases efecto invernadero a una matriz de emisiones neutras, comprometida con unmundo que intenta mitigar el cambio climático", lo que implica menos carbón, petróleo y gas natural.
También aborda el tema tarifario y plantea una transición de "precios y tarifas energética fijados de forma caprichosa a una transacción en mercados competitivos, para lo cual el Estado tiene instituciones para transparentar el funcionamiento y la información de referencias".
Sobre los ejes de la transición, el programa presenta medidas para el sector de los hidrocarburos, el sector eléctrico, las energías renovables, los biocombustibles, y la energía nuclear.
Así propone, por ejemplo, eliminará partir de 2021 todo tipo de subsidios a la oferta para la producción de gas natural e hidrocarburos líquidos; reevaluar integralmente el proyecto de Vaca Muerta para que el estado defina su viabilidad; sancionar una nueva Ley de Marco Regulatorio Eléctrico o promover nuevas centrales de energías renovables, hidroeléctricas y nucleares.
También impulsa el establecimiento de un mecanismo de subastas competitivas para la formación de precios, la modificación del marco regulatorio del gas natural y de ley de hidrocarburos, entre otras cuestiones.