Tras cinco años de investigación, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral concluyó que el acuerdo de prórroga de la concesión de Cerro Dragón en Chubut fue absolutamente legal. Dicho acuerdo había sido suscripto por Pan American Energy (PAE) y la Provincia el 27 de abril de 2007 y ratificado por ley provincial 5161.
En abril de 2014 había sido la propia PAE, que no fue ni imputada ni parte en el proceso, quien formuló una denuncia en la Justicia argentina con el objetivo de investigar la información publicada en medios periodísticos y poner en evidencia la absoluta regularidad en todo el proceso de aquella prórroga.
PAE presentó la documentación que años atrás había aportado ante la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) junto con material adicional, el cual fue sometido a una pericia del Cuerpo de Peritos Contables de la Corte.
En estos años se dispusieron diversas líneas de investigación, entre ellas numerosos testimonios, compulsas documentales y peritajes, que concluyeron en la inexistencia de delito alguno. De igual manera los legisladores provinciales, que votaron a favor de la prórroga del contrato y que fueron citados a prestar declaración, negaron que el tratamiento de la ley haya sido «irregular» y defendieron el acuerdo.
Prestadas las indagatorias, el juez Canicoba Corral dio vista al fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó el sobreseimiento de todos los imputados y el archivo de la causa. El juez avaló la solicitud del fiscal dictando, el pasado 8 de abril, todos los sobreseimientos y el archivo de las actuaciones, pronunciándose a favor de la legalidad del Acuerdo de prórroga de la concesión de Cerro Dragón.
Cabe recordar que el primer paso ya lo había dado la SEC cuando, en mayo de 2017, informó el cierre definitivo de su investigación sin recomendar ninguna acción contra PAE. La compañía recibió la primera notificación de la SEC en diciembre de 2010, requiriendo información sobre sus actividades.
La SEC revisó los 20.000 documentos aportados por PAE, mantuvo entrevistas voluntarias -entre ellas con varios ejecutivos de la compañía- y solicitó datos e informes a bancos y entidades internacionales. Finalmente, tras 7 años de investigación, en mayo de 2017, la SEC cerró la investigación de forma definitiva ya que los hechos investigados por dicho organismo prescriben a los cinco años.
