Los Diputados de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley en la Legislatura Provincial para derogar la recientemente sancionada Ley XVII – N° 149.
En el día de ayer la Unión Cívica Radical difundía un comunicado titulado “Por la paz social, por nuestro futuro” se sostuvo que “ratificamos nuestro posicionamiento histórico partidario de oponernos a la minería lo que ha quedado demostrado en el voto negativo de nuestros Diputados” y adelantaron que se presentaría un “proyecto de derogación de la Ley XVII N° 149”, además de sostener que la decisión la debe tener la ciudadanía y por ello promoverían una Consulta Popular.
Es así que en el día de hoy se presentó el Proyecto de Derogación de la Ley de Minería aprobada el pasado 14 de diciembre. Entre los fundamentos de la iniciativa que lleva la firma de los Diputados María Andrea Aguilera y su par, Presidente del Bloque opositor, Manuel Pagliaroni, se hace un exhaustivo análisis de la viabilidad constitucional del proyecto y del procedimiento de su sanción, así como pone de manifiesto la falta de consenso social. “La Licencia Social para Operar está constituida por las características reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación del proyecto, básicamente es un vínculo entre la iniciativa y la comunidad” sostienen los legisladores, agregando que “La falta de LSO deriva en conflictos sociales importantes".
Recapitulan el análisis de lo que fue el tratamiento legislativo del proyecto, “Desde el ingreso del Proyecto 128/20, desde este Bloque hemos insistido en la necesidad de dar un debate abierto, con la amplitud suficiente para permitir la pluralidad de voces, en cumplimiento no solo con una mirada política, sino con la normativa en vigencia. Este debate se solicitó expresamente y por escrito, se de en el marco de procedimientos y mecanismos institucionales, dentro del ámbito legislativo en el que debía darse”.
Aguilera y Pagliaroni remarcan que “debemos entender que la legitimación de las decisiones de los órganos volitivos de la Democracia se sostiene a partir del vínculo con el dialogo social. No puede quedar al margen la mirada de la ciudadanía, las opiniones de los sectores, los dictámenes técnicos, los posicionamientos de los colegios profesionales, entre otros tantos. El poder real de la ciudadanía reclamando debate, se está manifestando".
“No hubo participación de la ciudadanía en instancias formales, no se convocó a espacios técnicos diversos, no se contempló la consulta las asociaciones civiles, a las iglesias, a los sindicatos, a los pueblos originarios, a las comunidades científicas, entre otros. Tratándose de una norma que planifica el desarrollo de una actividad económica, debieron establecerse los canones de desarrollo equilibrado con el ambiente, promoviendo estrategias de gestión ambiental efectiva en cumplimiento con las normas constitucionales, acuerdos y tratados” puede leerse en el cuerpo de fundamentos.
Así mismo manifiestan la necesidad de la formación de los funcionarios públicos en materia de cuidado ambiental y desarrollo sustentable que debía darse mediante la denominada “Ley Yolanda”, sostienen que “La formación con perspectiva de desarrollo sustentable no solo implica conocimientos en materia ambiental sino un proceso orientado a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica, cultural y social y la construcción de consensos.”
También hacen referencia a la falta de consulta a los Pueblos Originarios “La obligación de consultar con los Pueblos Originarios en relación con actividades, proyectos u acciones que los pudieren afectar debe seguir un proceso y reunir una serie de condiciones que la ley impone, que ninguno de ellos ha sido contemplado en el análisis de la viabilidad del Proyecto 128/20, previo a su sanción no se han llevado adelante, en claro incumplimiento normativo.”
Cierran poniendo en eje el incumplimiento de Derechos Humanos, citando al recientemente aprobado Acuerdo de Escazú respecto del que refieren al principio de progresividad y no regresión de derechos. “La sanción de la Ley XVII – N° 149 sin dudas generó y está generando una convulsión social de magnitudes que se conjuga con el deficiente análisis participativo de la misma y derivan en una clara conclusión: es necesario proceder a su derogación y viabilizar mecanismos de participación directa por parte de la ciudadanía, escuchar voces que han estado silenciadas y generar espacios de debate público institucionalizado que deriven en una decisión colectiva sobre los destinos productivos de Chubut".
Convocan a sus pares a acompañar el proyecto diciendo que “Respetuosos de la decisión adoptada por esta Honorable Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades constitucionales, pero también escuchando la expresión genuina de la sociedad, es que solicitamos el acompañamiento al siguiente proyecto de Ley, entendiendo se trata del camino hacia la paz social".
