A través de un nuevo proyecto presentado en el Congreso Nacional, el senador chubutense Juan Mario Pais reclamó al Gobierno nacional que avance en la investigación y entrecruzamiento de datos para individualizar y penalizar a empresas que estén participando en actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la zona de las Islas Malvinas, sin autorización argentina.
En virtud de nuevas informaciones periodísticas que dan cuenta de que la empresa petrolera británica Premier Oil se encuentra negociando con el Gobierno de ese país un crédito de u$s 800 millones para desarrollar la explotación de crudo en una zona del Atlántico Sur cercana a las Islas Malvinas, Pais reclamó se investigue la conformación accionaria de dicha empresa y de sus socia Rockhopper Exploration, así como sus principales contratistas (SBN Offshore, Subsea 7, NOV y One Subsea) “a los efectos de aplicar los castigos que la ley 26.659 prevé para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina”.
Dicha ley prevé inhabilitaciones, multas y penas de prisión de 5 a 10 años para quienes participen de actividades de exploración, y de 10 a 15 años para quienes intervengan en la explotación.
En este marco, el legislador patagónico consideró que “al Gobierno nacional le compete defender los recursos naturales que son de todos los argentinos y rechazar el plan británico de explotar dichas riquezas en un área que se encuentra en disputa”.
La noticia se dio a conocer a través del diario británico Financial Times y, según las estimaciones de los expertos, el área en cuestión conocida como “Sea Lion” contiene 517 millones de barriles de petróleo, razón por la que Premier Oil pretende conseguir los fondos necesarios para desarrollar la explotación en la segunda mitad de 2018.
Por estos motivos, el senador chubutense reiteró la necesidad de proteger los recursos nacionales y recordó que oportunamente formuló severas críticas al comunicado conjunto firmado en 2016 por las autoridades británicas con la administración macrista que buscaba “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. “Una acción de esta índole implicaría un reconocimiento de facto de derechos británicos sobre el territorio argentino", remarcó.
