El intendente de Caleta Olivia sumó su apoyo a los legisladores de zona norte y al comisionado de Cañadón Seco, que impulsan la declaración de la emergencia y reclaman la revocación de las áreas para aquellas operadoras que incumplan los planes de inversión. Desde el Gobierno hay cautela porque se está en plena negociación para evitar más de 1.500 despidos en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Mientras los diputados trabajan para presentar el proyecto de ley en la sesión prevista para el 31 de mayo, que declararía la emergencia social petrolera en todo el territorio provincial, no han existido expresiones ni desde los gremios ni desde el Gobierno al respecto.
Lo cierto es que esta semana que termina estuvo signada por las negociaciones con YPF para tratar de llegar a un acuerdo que le ponga fin a la cesantía de empleados, que amenaza con sumar 1.500 en todo el flanco norte.
En paralelo, también desde Nación se avanza en tratar de cerrar un acuerdo similar al de Vaca Muerta para fomentar la explotación del petróleo no convencional, primero en la Cuenca Austral, donde CGC ya tomó la decisión de incrementar sus inversiones (ver página 4).
Si bien el Gobierno Provincial no ha expresado públicamente su mirada sobre la pretensión de los diputados de zona norte de declarar la emergencia, el contenido de la misma, en la que se plantea incluso la revocación de las concesiones, es mirado con mucha cautela, ya que no cayó bien en medio de las negociaciones que se llevan adelante con las distintas operadoras y porque la realidad de la Cuenca Austral tampoco es la misma que la de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Prades apoya
En estos días quien también sumó su apoyo a la declaración de la emergencia fue el intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades. Sostuvo que “ya en 2016”, tanto él como otros intendentes y dirigentes de gremios petroleros de Santa Cruz y Chubut, plantearon una fuerte postura contra las operadoras.
En ese sentido, calificó como “incomprensible lo que están haciendo”, debido a las negativas consecuencias laborales y sociales que se generan al reducir los programas de perforaciones, de manera especial las de YPF.
De esta última dijo que “tuvo momentos de ganancias muy buenos, cuando el valor del barril superaba holgadamente los 100 dólares e invertía muy poco. Entonces, creo que en época de vacas flacas como las actuales tienen que invertir lo que han ganado”.
Es por ello que consideró que ahora los funcionarios políticos deberían establecer reglas bien claras hacia las mismas, aplicando las leyes que los facultan para ello y, en ese contexto, les recordó que tienen una deuda con el pasivo ambiental.
Cabe señalar que para que un proyecto de esta envergadura pueda ser tratado en la Legislatura requiere del apoyo del Gobierno, ya que el propio Frente para la Victoria ostenta la mayoría en la Legislatura Provincial. De querer tratarlo sobre tablas, se necesitan los dos tercios de los presentes.
