El diputado enrolado en el sindicalismo petrolero, Carlos Gómez, planteó que 1.300 trabajadores están en condiciones de quedar sin trabajo. Gabriela Dufour promovió una Comisión para evaluar los cumplimientos de las operadoras.
«Las Pymes y empresas contratistas deben asumir las consecuencias de la reducción de trabajo y por ende del personal, que condena a más de una empresa a quedar al borde de la quiebra», afirmó en la sesión el diputado Gómez, tras afirmar que hay «1.300 trabajadores en riesgo».
El legislador del FPV sostuvo que la Provincia y municipios deben asumir las pérdidas que genera la desinversión y paralización de equipos y pozos, afectando al comercio en general que repercute directamente en el sostenimiento del empleo directo.
Insistió Gómez en señalar que Enap y Sipetrol hace dos años que están sin perforar y que elimina contratos de empresas regionales chubutenses para otorgar servicios a la multinacional Pecom.
«Sinopec revierte área por falta de inversiones y perforaciones, y Pan América Energy redujo los equipos perforadores y retrasó el programa de perforaciones, ya que al reducir actividad sobran cuadrillas de mantenimiento y producción, generando despidos en la Uocra», agregó.
Gómez expresó que YPF ignoró los alcances de la Resolución 365 prohibiendo a operadoras generar situaciones de despidos, y procedió a reducir inversiones y suspender programa de perforaciones. Y también detalló la situación de Capsa y otras operadoras de la cuenca del Golfo San Jorge.
Por su parte, la diputada Dufour propuso una Comisión para investigar las inversiones, reservas y las obligaciones, que en razón de la sustentabilidad y protección de los recursos hidrocarburíferos, debieran haber sido cumplidos por los concesionarios de las áreas incluidas, y el control de los mismos por los organismos responsables.