Mientras el ministro de Gobierno Fernando Basanta expresó su confianza de que una vez terminado el Estudio de Impacto Ambiental las obras se concretarán, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que ese país está “dispuesto a trabajar con la parte argentina para seguir adelante con estos proyectos de desarrollo”.
El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Fernando Basanta, dijo que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que paralizó la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic no significa que no se realizarán, sino que es sólo un paréntesis hasta que se hagan nuevamente las audiencias públicas y un informe de impacto ambiental.
“Las represas se van a hacer, y se pueden seguir haciendo trabajos complementarios, hay que leer bien y en profundidad al fallo”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Nacional El Calafate, tras la presentación de la Fiesta Nacional del Lago Argentino.
La suspensión “provisoria” de las obras en las represas, mediante una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONGs, no incluye “tareas preliminares” como “sondeos geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores”, previstas en el proyecto de las obras.
Además, se conoció la voluntad del gobierno de China de seguir adelante con la construcción de dos represas en Santa Cruz, una vez resueltos los cuestionamientos de la Corte Suprema sobre los informes ambientales.
En cualquier caso, Basanta quiso llevar tranquilidad sobre la concreción de las obras; sobre el reclamo de los superficiarios que serán expropiados de las tierras que se inundarán por el funcionamiento de las represas, dijo también que “la ley está vigente, y está conformado el tribunal de tasación que avanza en ese proceso, no hay mucho más para darle vuelta, entiendo que no va a ser modificada”.
El funcionario provincial descartó así que pueda ser modificada la Ley 3.389, sancionada en octubre de 2014, que amplió en 200 metros de un perilago que no puede ser utilizado por los productores, las tierras declaradas de utilidad pública para el aprovechamiento hidroeléctrico.
La postura de China
Luego de conocida la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno chino manifestó su disposición a trabajar con autoridades argentinas para solucionar el tema.
Los proyectos están financiados por China, según uno de los acuerdos firmados por la entonces presidenta Cristina Fernández durante su viaje de Estado a Pekín en enero de 2015.
La construcción fue adjudicada a un consorcio de empresas de ambos países, y los proyectos ya generaron tensión a principios de este año, cuando asumió el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
“Estamos dispuestos a trabajar con la parte argentina para seguir adelante con estos proyectos de desarrollo”, afirmó una portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.
Hua insistió en que Argentina “es un socio importante” de China y que la cooperación bilateral “debe ser mutuamente beneficiosa y respetuosa de las leyes y normas” de ambas partes.
“Creemos que las dos partes deben abordar estas dificultades sobre la base de la igualdad y la amistad”, recalcó la portavoz.
