Mientras se llevaba adelante el plan de lucha de la Intersindical para exigir la reincorporación de los mineros despedidos, un grupo de manifestantes se apostó frente a aquella residencia cuando se desarrollaba una reunión de subgerentes con el coordinador General de YCRT, Sergio Lumachi. Permanecieron largas horas y desde el Estado Provincial anunciaron que implementaron un operativo de seguridad para garantizar la integridad física. Desde la oposición criticaron al Gobierno.
El pasado sábado los mineros de YCRT habían decidió levantar los cortes en los pasos fronterizos, pero la determinación de la Intersindical fue congregarse frente a la casa 51, se trata de la vivienda donde habita parte del personal jerárquico de la compañía.
Transcurridas las horas, tomó estado público que cerca de las 05:00 de la mañana, los 6 funcionarios de la empresaria YCRT y el comandante de Gendarmería, abandonaron la residencia.
Largas horas antes, en ese lugar se desarrollaba una reunión de subgerentes con el coordinador general de YCRT, Sergio Lumachi.
Al tomar conocimiento de esta situación, los trabajadores despedidos y un número importante de mineros se autoconvocaron para expresar su disconformidad con las últimas medidas empresarias, que establecieron el despido de 500 trabajadores en el mes de enero pasado y las determinaciones que siguieron, como la inminente aplicación de un Convenio Colectivo Único y recortes salariales que fijan una nueva escala de ingresos, entre otras, según informó el sitio web “En Tiempo Real”.
Operativo
Ante los sucesos, desde la Secretaría de Estado de Seguridad de la provincia informaron que montaron un operativo integrado por el personal de la Policía de la Provincia en coordinación con la Gendarmería Nacional.
“Las autoridades de la empresa en conflicto con los trabajadores, se encontraban desde ayer por la noche dentro de la casa 51 de Rio Turbio, allí la Gendarmería Nacional a cargo del comandante principal de GNA y frente a la denuncia recibida por la Policía de la Provincia, se realizó un operativo de seguridad de acuerdo a lo que establece el protocolo, a los fines de garantizar la seguridad de todas las personas presentes”, comunicaron.
“Bajo el dispositivo dispuesto se procedió al desalojo de los miembros de la conducción de YCRT, de los cuales sólo dos se dispusieron de salir de la vivienda y el resto prefirieron permanecer en la misma”, explicaron desde la Secretaría de Seguridad, indicando que se encontraban en la vivienda el sub gerente Miguel López, el sub gerente Horacio Reinozo, el jefe del Departamento de Obras Sergio Lumachi y el jefe de Seguridad Cristin Rodríguez, entre otros.
En otro orden, el diputado radical Alberto Lozano pidió “calma y tranquilidad a la comunidad y exigió a las autoridades provinciales garantizar la seguridad”.
Lozano detalló que “algunos -no todos- se arrogaron el derecho de los trabajadores del yacimiento manteniendo de rehenes a funcionarios y al comandante de Gendarmería; cortaron la luz; el agua; la calefacción; e introduciendo una manguera por una chimenea para inundar la vivienda oficial de la empresa, produciendo destrozos a un bien del Estado y buscando lesionar a los funcionarios públicos de YCRT”.
“Incluso cuando se acercaron, la policía y un miembro de la Justicia fueron agredidos por algunos de los manifestantes. Se trata de hechos que son gravísimos y deben ser condenados por todos los sectores políticos y sociales”, manifestó.
Para el legislador el conflicto de YCRT debe ser tratado con mucha cautela por todos aquellos que están involucrados: “Es necesario generar diálogo y tener mucha responsabilidad para buscar soluciones y evitar que se imponga la violencia”.
“Nadie está en contra de las manifestaciones y los reclamos, pero sí de los hechos de violencia extrema, incitados por funcionarios públicos que se suben a la tribuna de las provocaciones y evitan poner paños fríos, mediar y trabajar en conjunto”, expresó.
Para el diputadom hay sectores gremiales que se creen dueños de la situación y comandan reclamos violentos con bombas de estruendo, rompiendo vidrios, realizando pintadas ofensivas, secuestrando a funcionarios, realizando amenazas y creando un clima de caos y violencia. .
“El Gobierno provincial debe estar presente, garantizando la seguridad de todos y resguardando los bienes públicos. En esto no hay puntos intermedios ni cuestiones de interpretación, es el Gobierno Provincial el responsable de garantizar en la seguridad”, reafirmó.(LOA-Foto Tiempo Real)
