La investigación busca determinar si el biodiésel argentino “está siendo subvencionado y si las importaciones subvencionadas han causado, o amenazan con causar, un perjuicio a la industria” europea, señala la decisión del ejecutivo comunitario de la Unión Europea.
El procedimiento antisubvención se abre tras la denuncia presentada el 18 de diciembre de 2017 por el Consejo Europeo de Biodiésel (EBB) que, a juicio de Bruselas, “presenta indicios suficientes de que los productores argentinos” se han beneficiado de varias subvenciones concedidas por “su gobierno”.
La industria europea lanza así una nueva ofensiva contra el biodiésel argentino, en este caso en un procedimiento antisubsidios, meses después que el bloque calculara a la baja los derechos antidumping impuestos en 2013 tras un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2016.
Los derechos revisados son “claramente insuficientes frente a las importaciones masivas de biodiésel argentino comercializado injustamente, lo que ya ha provocado graves daños a la industria de la UE”, dijo en un comunicado el EBB, justificando su demanda por la rebaja de los aranceles.
Tras la publicación, Bruselas tiene ahora 13 meses para determinar si existen subvenciones y, de confirmarse, “la investigación examinará si la imposición de medidas iría o no en contra del interés de la Unión”. Una de las presuntas prácticas de subvención de las autoridades argentinas retenidas por Bruselas sería, entre otras, el suministro de bienes y servicios “por una remuneración inferior a la adecuada”, como el suministro de semillas de soja, por ejemplo.
