Francisco Olivera (La Nación)
El primero que habló de la bomba fue Carlos Ormachea, máximo ejecutivo de Tecpetrol. No parece casual. Esa petrolera pertenece al grupo Techint, cuyo presidente, Paolo Rocca, es desde el año pasado el principal lobbista del sector. Ya no está Carlos Bulgheroni, y para Rocca el tema tiene un doble interés: no sólo es productor de crudo y gas, sino que además fabrica tubos para la industria. Ormachea se refirió al problema como suelen hablar los ingenieros, atendiendo al fondo de las cosas. El Tordillo, dijo, yacimiento tomado desde el martes en Chubut por los trabajadores luego del envío de casi 300 telegramas de despido, no sólo ya no es rentable, sino que la compañía está allí destruyendo valor: como consecuencia de la madurez de la cuenca y de los bajos precios internacionales, extraer un barril de crudo obliga a inyectar 100 barriles de agua y químicos cuyo costo, agregó, es superior a lo que reporta el hidrocarburo obtenido.
La tensión llegó ayer hasta la Casa de Chubut en Buenos Aires, donde hubo incidentes con encapuchados. Para el gobierno de Macri es un verdadero foco de conflicto. No sólo por las protestas que la crisis provoca en el área, donde esta semana algunos llegaron incluso a escuchar disparos, sino porque la perspectiva es desastrosa: la industria petrolera llegó a esa situación pese a que la Casa Rosada viene intentando sostenerla mediante acuerdos entre privados que fijan el valor del barril por sobre el precio internacional, y que llevan a los consumidores argentinos a pagar en el surtidor el litro de nafta 10% más caro que en Estados Unidos. Este subsidio de los consumidores a las petroleras, dicen en el Gobierno, se terminará en enero. "El que no se adapta, cierra", especifican.
La noticia se sentirá primero en Chubut. A esa provincia le ha pasado lo que a Venezuela: de tan petrolera, se olvidó de desarrollar otras actividades más allá de sus pozos, que para peor expiden crudo Escalante, el más pesado, sólo apto para dos refinerías en el país, la de Campana (Pan American Energy) y la de Ensenada (YPF). Y como la alternativa es exportarlo a precios bajos, el negocio no cierra. Reconvertirse no será sencillo. Mario das Neves, el gobernador, llegó en su momento a darse el lujo de rechazar los 1500 millones de dólares que la canadiense Pan American Silver, la segunda minera más grande del planeta, proyecta para el yacimiento Navidad, en la localidad de Gastre. Navidad es a la plata lo que Vaca Muerta al gas no convencional: el segundo yacimiento del mundo. Pero la minería es siempre fuente de malentendidos.
Adaptarse, como les propone ahora el Gobierno a las compañías, significa primero flexibilizar costos laborales. El manual del petrolero global las expondría incluso a perder las concesiones si dejaran caer la actividad. Pero eso es inimaginable en Chubut: la estatal que podría quedarse eventualmente con esas áreas, Petrominera, es presidida por un sindicalista, Jorge Ávila, secretario general del Sindicato Petrolero Chubut.
Son los rincones de la Argentina inviable. Que no sólo sufrirá este año otra caída (6%) en la producción de petróleo, pendiente que empezó en 1998, sino que ha quedado presa de una trampa macroeconómica estructural: a su sector privado le cuesta enormemente sostener el peso del Estado. La energía es sólo una parodia del resto. Sólo la factura del gas, que incluye todavía subsidios para hogares y para las compañías que extraen gas nuevo, redunda en 1,2 puntos del PBI. Era de 2 puntos en 2015. Hasta el momento, la única respuesta auspiciosa a tanto incentivo se ve en Vaca Muerta, donde desde enero empezará otra subvención estatal al precio. Tecpetrol aprovechó el programa y encabeza las perforaciones con cinco equipos.
La discusión excede a la Patagonia y al petróleo. Dirigentes del PJ como Juan Manuel Abal Medina, ahora en la lista de Randazzo, han empezado a plantear en privado que el costo argentino resulta insostenible. Es el precio del gradualismo. ¿Podría acelerarse un ajuste después de las elecciones? Hasta ahora hay pocos indicios. Entre ellos, un plan en gestación para jubilar empleados públicos en condiciones de hacerlo. Será apenas un paliativo, si se atiende al viejo argumento oficial de que hay 1,5 millones de empleados que se sumaron desde 2003 a la administración pública para disimular el desempleo o por favores políticos. En las corporaciones descartan decisiones drásticas: ven en Macri más a un ordenador que a un transformador. Y gradualismo de medidas, completan, significará gradualismo de inversiones.
El despegue argentino incluye desde siempre este lastre. Algunos gobiernos, como el de Duhalde, lo han atenuado devaluando la moneda y, por consiguiente, los salarios. Pero funciona durante un tiempo, al cabo del cual todo regresa a la normalidad: impuestos, quioscos estatales o beneficios sindicales extras vuelven a caer sobre el sector privado. En algunos casos es más evidente que en otros. Las compañías lácteas, por ejemplo, volverán a discutir en diciembre el pago que todas le hacen por mes a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). Ese adicional, que el sector conoce como "aporte solidario" y que Julio De Vido incluyó en 2009 en el convenio para socorrer a Ospil, la obra social del gremio, está ahora en 1500 pesos por trabajador para las firmas grandes y 750 para las pymes. Es uno de los meollos de la crisis lechera.
Esta asfixia iguala entonces a competitivos y a inviables. Daniel Funes de Rioja, líder de la cámara alimentaria Copal, suele decir que incluso muchos de esa industria han pasado a la lista de los segundos. En el país de los alimentos. La cuestión quedó expuesta en un interesante contrapunto que tuvieron esta semana el economista Martín Tetaz y Teodoro Karagozian, dueño de la fabricante de hilados de algodón TN Platex, en el programa Lanata sin filtro, por radio Mitre. Mientras Tetaz acusaba a los textiles de ineficientes y mostraba las enormes distancias de precios entre un jeans comprado en Buenos Aires y otro en cualquier lugar del mundo, el empresario contestaba que podrían ser lo contrario sólo con que el Estado les quitara el pie de encima. "Si se le permitiera a cualquier particular importar autos por su cuenta, sin pasar por la concesionaria, le harías la misma acusación a la industria automotriz", dijo. ¿Estaba forzando el argumento? ¿O el problema de fondo es que, aun sin el fisco, un textil jamás podría hacerle frente a fabricantes de países con salarios bajos como Vietnam o Bangladesh? Difícil separar el trigo de la cizaña en medio de la inundación. Tecpetrol puede fracasar en El Tordillo y, al mismo tiempo, brillar en Vaca Muerta. Pero la discusión es quién hace el ajuste. Más que la calidad de los remeros, lo que inquieta ahora es el peso del bote.
